Una delegación de diputados al Parlamento Europeo inició ayer una visita de tres días al país y defendió la aprobada Directiva Retorno, que regula la nueva política migratoria del viejo continente.
La «directiva de retorno, aprobada en junio de este año y que dispone la expulsión de indocumentados que viven ilegalmente en Europa, no pretende violar los derechos de los migrantes, sino que todo lo contrario», afirmó a la prensa la jefa de la delegación, la eurodiputada María Badía i Cuchet.
El grupo participó este lunes en una sesión con sus homólogos del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Además, prevén una reunión con el presidente de Guatemala, ílvaro Colom, con partidos políticos de oposición y sectores de la sociedad civil.
Cuchet aseguró que antes de «aprobar esta ley de retorno había nueve países que no tenían ninguna cláusula de tiempo límite de retención, y podían detener a algún indocumentado por el tiempo que quisieran, ahora el límite es hasta 18 meses».
Insistió en que la normativa va dirigida únicamente a los migrantes indocumentados. En Europa viven más de 15.000 guatemaltecos, la mayoría de forma ilegal.
«La directiva de retorno se creó para proteger los derechos de los migrantes, no para agredirlos y eso es lo que no se ha entendido bien», comentó a su vez el parlamentario español Ignasí Guardas.