El Europarlamento tiene previsto votar mañana en segunda lectura la directiva europea de liberalización de servicios «Bolkestein», poniendo de este modo punto final a una saga de tres años de duras disputas entre liberales y defensores de la «Europa social».
En el pleno que se llevará a cabo en Estrasburgo (este de Francia), los eurodiputados no deberían tocar el compromiso difícilmente adoptado en mayo pasado por los Estados miembros y que se basó en el acuerdo logrado en primera lectura en el Europarlamento.
«Pienso que el proyecto quedará definitivamente aprobado», se congratuló por anticipado la semana pasada la autora del informe parlamentario, la social-demócrata alemana Evelyne Gebhardt.
Ni el Partido Popular Europeo (PPE, conservadores) ni el Partido Socialista Europeo (PSE, izquierda), las dos fuerzas mayoritarias de la cámara, presentaron enmiendas.
«El largo trabajo de estos últimos años valió la pena. El texto ya no tiene nada que ver con la directiva ’Bolkestein’», celebró Gebhardt, en referencia a la propuesta inicial presentada en 2004 por el ex comisario europeo de Mercado interior, Frits Bolkestein, y que había dado lugar a una dura polémica.
Convertida por sus opositores en símbolo de la deriva liberal de Europa, la directiva pretende extender el mercado único al sector de los servicios, todavía confinado a las fronteras nacionales, estableciendo un «marco jurídico que suprima los obstáculos» a esas prestaciones.
Pero la versión sobre la cual se pronuncian los eurodiputados el miércoles eliminó un elemento clave de la propuesta inicial, el «principio del país de origen», que estipulaba que un prestatario de servicios debe estar sometido a la ley de su país y no a la de aquél al que viaja para efectuar un trabajo puntual.
Varios países, con Francia a la cabeza, se habían opuesto ferozmente a esta cláusula, considerando que daba lugar a un «dumping social» de parte de los trabajadores del Este de Europa.
El compromiso alcanzado mantuvo sin embargo la obligación para los Estados miembros de garantizar el libre acceso a sus territorios a los prestatarios de otros países del bloque, con la desaparición de obstáculos juzgados discriminatorios o desproporcionados.
Pero el campo de aplicación del texto también fue reducido, ya que no afectará a sectores sensibles como el audiovisual, la salud, los juegos y el notariado, entre otros.
Tras la votación del miércoles, el texto deberá ser formalmente adoptado en consejo por los ministros de los 25, posiblemente a fines de año. A partir de ese momento, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar la directiva en su legislación nacional.