El Europarlamento aprobó hoy en Estrasburgo (este de Francia) la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.
El texto, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la UE, fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y las divisiones del grupo socialista.
La decisión del Europarlamento fue muy mal recibida por Ecuador, cuyo presidente Rafael Correa anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa, a la que calificó de «vergí¼enza».
La denominada «Directiva Retorno» armoniza las reglas de expulsión de los clandestinos hallados en territorio europeo, con una detención máxima de 18 meses para quienes no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la UE.
Criticada por El Vaticano, la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley no prohíbe además la expulsión de menores.
«El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente», destacó el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (PPE), Agustín Díaz de Mera, cuyo grupo apoyó la ley.
España, con 40 días, es junto con Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto para los ilegales; ese plazo supera los 6 meses en Hungría, Bélgica o Polonia, alcanza los 18 meses en Alemania y ni siquiera tiene límites en el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda u Holanda.
El conservador Manfred Weber, que negoció el acuerdo con los 27 gobiernos de la UE, celebró una «victoria de la razón».
De su lado, los socialistas no lograron superar sus divisiones y así quedó demostrado en la votación, con varios de ellos favorables al compromiso acordado.
«No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea», indicó el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldí¶rfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).
Para los críticos del texto, como los Verdes, la izquierda o una parte de los socialistas, la «Directiva Retorno» conducirá a un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable.
El eurodiputado comunista italiano Giusto Catania no dudó en calificarla de «una vergí¼enza y un insulto a la cultura jurídica de Europa».
España es uno de los países europeos que cuenta con uno de los plazos más cortos de detención de inmigrantes ilegales en espera de su expulsión, pero sus centros se parecen más bien a una cárcel a pesar de que no tienen carácter penitenciario.
En España hay nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) donde los inmigrantes en situación irregular pueden estar retenidos un máximo de 40 días, frente al tope de 18 meses que acaba de decidir la Unión Europea (UE).
En paralelo, el gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero estudia ampliar su tope a 60 días, alegando que el actual es «muy reducido» para tramitar las expulsiones.
Si el plazo se amplía, «habrá más personas internadas y es posible que haya que abrir más centros», declaró María Jesús Gallego, subdirectora de información del ministerio del Interior, del que dependen los CIE.
El país es uno de los «más ofrecen más garantías de la UE», por detrás de Francia, donde el límite es de 32 días, asegura, y explica que la decisión de Bruselas pretende poner un límite a los 17 de los 27 países de la UE que aún no lo tenían, como el Reino Unido.
En los CIE, con una capacidad de 3.500 personas –actualmente no colmada– donde también están internos los extranjeros condenados cuya «sentencia implica la expulsión», «no se consideran un centro de detención ni una cárcel porque la única prohibición es no entrar en territorio español», explica.
Las expulsiones son uno de los pilares de la política de inmigración del gobierno de Zapatero, que en 2007 devolvió a sus países a 55.938 extranjeros.
Los chárter fletados por la policía o el viaje del expulsado en un vuelo regular escoltado por agentes son las modalidades de devolución, previa autorización del país de origen, lo que suele retrasar la expulsión.
En los CIE trabajan asistentes sociales, traductores y abogados y aunque «no son un hotel de cinco estrellas, las condiciones son buenas», según Gallego, que niega que en abril hubiera una huelga de hambre de algunos internos del centro de Madrid que se quejaban de falta de respeto de sus derechos.
Sin embargo, algunas entidades denuncian que estos centros tienen características a veces peores que las prisiones.
Los CEI están gestionados por la policía, muy pocas organizaciones humanitarias y ningún periodista pueden entrar y «no están reguladas ni las condiciones del interno ni del derecho de visitas», lamentó Mauricio Valiente, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Según el ministerio, pueden hacerlo el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo, la CEAR y la Cruz Roja, pero estos dos últimos aclaran que sólo a los centros de las islas Canarias para detectar casos de demandantes de asilo y atender a enfermos.
«Los CIE no deben tener carácter penitenciario; pese a ello, la realidad es que funcionan con más opacidad que todas las cárceles de España», declaró Valiente.
La CEAR reivindica «el cumplimiento de la ley en cuanto al carácter no penitenciario de estos centros».
«El enfoque administrativo, más que el policial, es totalmente necesario», por eso abogan por que «los gestione otro ministerio» diferente del de Interior.
Además «habría que permitir el contacto con estas personas con total naturalidad y poder prestar una asistencia» dejando «entrar a más asociaciones, como en Francia», reclamó.
El Defensor del Pueblo, en su último informe anual, presentado el 3 de junio a los diputados, detectó deficiencias en seis de los nueve centros.
El de Algeciras tiene un «marcado carácter carcelario» al estar situado en una antigua prisión, de la que conserva las rejas y cristales en los locutorios, según el informe.
En Madrid hay «déficit de personal», las instalaciones de Murcia son «absolutamente inadecuadas» y el de Tenerife está «frecuentemente saturado». En otros hay falta de intérpretes o se detectó un «relevante número» de enfermedades contagiosas.
La ampliación del plazo español es «injusta» e «innecesaria»: «no creemos que con más tiempo la medida será más efectiva», estima Valiente.
La «Directiva Retorno» se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque en el segundo semestre de 2008, con un «pacto europeo» impulsado por París.
Este pacto tendría como ejes un «contrato de integración» que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política común de asilo.