Los jefes de Estado de 14 países de Europa central y del este abrieron hoy en Novi Sad (norte de Serbia) una cumbre de tres días para abordar la crisis económica en una región especialmente golpeada.
Al inaugurar la cumbre, el presidente serbio, Boris Tadic, llamó a sus homólogos a ser solidarios en los tres ámbitos abordados en la cumbre: la crisis económica, la energía y la integración europea.
«No debemos permitir que se conviertan en fuente de divisiones, sobre todo en período de crisis», declaró.
La crisis económica ha dejado en evidencia la precariedad económica de los países de Europa central y del este, que se han visto privados de inversiones extranjeras que en años anteriores permitieron a algunos países crecer hasta un 10% anual.
Serbia, al igual que otros países de la región como Bosnia, Hungría, Letonia, Rumanía y Ucrania, ha tenido que pedir ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por su lado, el presidente checo, Vaclav Klaus, criticó las medidas «a menudo irreflexivas» tomadas por ciertos países para proteger sus economías de la crisis.
Otra crisis, la energética, afectó también el pasado invierno (boreal) a los países de la región, que se vieron sin suministro gasístico por la «guerra del gas» entre Rusia y Ucrania.
Tadic consideró que los Balcanes occidentales podrían «convertirse en un puente energético hacia los consumidores finales de otras partes de Europa» si llevan adelante «una política energética común».
El presidente italiano Giorgio Napolitano advirtió que la falta de unidad de Europa en esas cuestiones debilitará su influencia mundial.
«Sin cohesión, consistencia y unidad, Europa está condenada a ser cada vez menos pertinente en la escena internacional», declaró.
En la cumbre, de tres días de duración, participan los presidentes de Austria, Bosnia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Italia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y Serbia.
El presidente de Kosovo, cuya independencia no reconoce Serbia, no fue invitado.
Al día siguiente de que Estados Unidos presentara una vasta reforma sobre regulación financiera, los dirigentes europeos prevén comprometerse ayer en Bruselas a reforzar la supervisión, aunque las reticencias británicas podrían deslucir el acuerdo.
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), reunidos en cumbre, se aprestan a aprobar una serie de medidas para mejorar el control de los mercados financieros, cuyos excesos encendieron la mecha de la crisis económica mundial.
«Vamos a hacer lo mismo en la UE que en Estados Unidos, donde la supervisión financiera ha sido reformada», prometió la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada a la cumbre en Bruselas.
Pero Gran Bretaña, celosa de salvaguardar los intereses de La City, el barrio de negocios londinense, se opone a la propuesta de la Comisión Europea de crear un modelo de supervisión supranacional en Europa. Eslovenia, Eslovaquia y Rumania también expusieron sus reservas.
Los líderes de la UE prevén aportar su «apoyo» a las grandes líneas de una reforma presentada por la Comisión, órgano ejecutivo del bloque, a fines de mayo, pero dejarán en suspenso los puntos más controvertidos.
La propuesta prevé principalmente crear en 2010 tres nuevas autoridades paneuropeas con ciertas prerrogativas para supervisar bancos, aseguradoras y mercados financieros a nivel nacional. Su principal misión sería imponer su mediación entre supervisores nacionales, en caso de desacuerdo entre éstos.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció esta semana que su proyecto choca con «enormes resistencias».
Los británicos se niegan a ceder a autoridades paneuropeas unos poderes que estiman podrían forzar a los Estados a intervenir con medidas de consecuencias presupuestarias importantes.
El primer ministro británico, Gordon Brown, dejó claro que no tiene intención de ceder terreno frente a sus socios europeos.
«La acción europea debe ser realizable y eficaz», aseguró Brown antes del inicio de la cumbre. «Es lógico que cuando una decisión de supervisión tiene un impacto sobre el contribuyente, ésta sea tomada por una autoridad nacional competente», defendió.