Eurocámara se pronuncia contra feminicidios en Latinoamérica


El tema del feminicidio en Latinoamérica, especialmente en paí­ses como Guatemala, ha preocupado en Europa.

El Europarlamento adoptó hoy en forma casi unánime una resolución instando a la Unión Europea a involucrarse más en la lucha contra los asesinatos de mujeres en México y América Central, mediante un diálogo reforzado y la coordinación de polí­ticas con los paí­ses afectados.


La resolución, basada en el informe sobre «los asesinatos de mujeres (feminicidios) en América Central y en México; el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno» del eurodiputado español Raúl Romeva, fue aprobada por 560 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.

«Quiero destacar el momento histórico de este voto, por el proceso, lo que nos ha costado llegar hasta aquí­, y el contenido del texto. Nunca habí­a habido posicionamiento en este sentido, un análisis de este problema, una asunción de responsabilidad, de poder o de medidas concretas», dijo Romeva en referencia al voto del plenario.

El texto de la resolución no sólo pide un mayor compromiso de la UE en la lucha contra los feminicidios, sino que también insta a los paí­ses afectados a redoblar su esfuerzo para poner fin a «la impunidad», así­ como a eliminar «toda discriminación hacia las mujeres de las leyes nacionales».

Según cifras oficiales de México, entre 1999 y 2006 fueron asesinadas 6.000 niñas y mujeres en ese paí­s. En América Central, las estadí­sticas las encabeza Guatemala, donde fueron asesinadas 1.188 mujeres entre 2001 y agosto de 2004.

En su texto, el eurodiputado Romeva subraya la «brutalidad excepcional» de esos homicidios y el hecho de que «un alto porcentaje» tuvo lugar en zonas donde operan las denominadas «maquiladoras» (empresas que importan materiales sin pagar aranceles a condición de que sus productos se comercialicen fuera del paí­s).

El proyecto también recuerda que dos casos tuvieron como protagonistas a ciudadanas europeas: las holandesas Hester Van Nierop, asesinada en 1998 en Ciudad Juárez, y Brenda Susana Margaret Searle, muerta en 2001 en Chichen Itzá, ambas en territorio mexicano.

Las propuestas del informe se resumen en dos partes, empezando por un punto de vista polí­tico según el cual «en todos los ámbitos de relación bilateral entre la UE y México y la UE y América Central el tema de los feminicidios y sus causas tiene que verse como un tema prioritario de discusión», dijo Romeva.

En segundo lugar se enmarcan las medidas de tipo presupuestario (lí­neas concretas para polí­ticas que enfrenten la violencia contra las mujeres), técnico (programas de intercambio y cooperación de formación policial, judicial), y de apoyo y acompañamiento a las ví­ctimas (ayudando a las organizaciones dedicadas a esa cuestión).

«El gran problema al que nos enfrentamos no es tanto la alta cantidad de casos sino la alta cantidad de casos que quedan sin resolver, la impunidad», agregó por otra parte Romeva, en referencia a la necesidad de impulsar iniciativas para incrementar el presupuesto de los organismos encargados de las investigaciones sobre los asesinatos.

En la conferencia de prensa brindada tras el voto, Romeva se refirió también a las negociaciones en el seno de los diferentes grupos polí­ticos de la Eurocámara para llegar a un acuerdo, así­ como a las discusiones con representantes de los paí­ses involucrados.

«En todo este proceso hemos tenido dificultades porque estamos ante un tema polí­ticamente muy sensible», admitió, asegurando haber hablado «con todas las partes» para lograr «el mayor apoyo posible a ciertas medidas fundamentales e indispensables».

«Cuando hablamos entre culturas diferentes, siempre hay dificultades», coincidió por su parte la conservadora eslovaca Anna Zaborska, presidenta en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

Para Zaborska, «el tema está lejos de quedar cerrado con el voto de la resolución», por lo que no descartó presidir una delegación que viaje a México para tratar el tema, tal como le propuso el presidente mexicano Felipe Calderón.