ETA ataca proyecto de tren de alta velocidad


Rechazo. Los vascos se congregaron para demostrar su desaprobación por el asesinato de Ignacio Urí­a Mendizábal en manos de posibles miembros de la ETA. FOTO AFP Rafa Rivas

ETA ataca proyecto de tren de alta velocidad en el Paí­s Vasco.


ETA, que mató ayer a un empresario vinculado a la construcción del tren de alta velocidad del Paí­s Vasco (norte), quiere boicotear la construcción de esta gran obra de infraestructura como ya hizo con otras en los años 80 y 90.

Con el asesinato de Ignacio Urí­a, de 71 años, además de apuntar de nuevo a empresarios –lo que no hací­a desde hací­a ocho años– la organización independentista armada vasca regresa a una práctica de los años 80 y 90 que le dio resultados.

A finales de los 70 y comienzos de los 80, ETA llevó a cabo una campaña contra la central nuclear de Lemóniz, que nunca llegó a ponerse en funcionamiento después de que la organización matara a cinco empleados.

También resultó efectiva la campaña de ETA contra la construcción de la autoví­a de Leizarán, que uní­a el Paí­s Vasco con la vecina provincia de Navarra. La organización querí­a que se cambiara el trazado de la ví­a alegando motivos ecológicos, y lo consiguió después de múltiples atentados contra las obras y de matar a cuatro personas.

Otro gran proyecto económico de la región, la construcción de la ví­a del tren de alta velocidad (TAV) –llamado «la Y vasca» por la forma de su trazado–, está ahora en la mira de ETA.

La organización vive actualmente un perí­odo de gran actividad, después de una tregua y un intento de negociación con el gobierno para dejar las armas, pero también de fuerte debilidad por la acción policial, que este año capturó a sus dos jefes.

ETA ya anunció su nuevo objetivo hace más de un año en un comunicado de agosto de 2007 y lo empezó a poner en práctica poco después con varios ataques a las instalaciones y con el asesinato de Urí­a, propietario de la empresa Altuna y Urí­a, una de las sociedades que trabajan en el TAV.

Los intereses que están detrás del TAV son ajenos a Euskal Herria», decí­a el comunicado, en el que aducí­a razones ecológicas e independentistas.

El proyecto del TAV, con una inversión de más de 4.000 millones de euros y 27 empresas y 10.000 trabajadores implicados, está considerado por las autoridades locales como un motor de la economí­a regional, sobre todo en la actual crisis, y tanto éstas como el gobierno español dejaron claro tras el atentado que no cederán ante ETA.

«Esa obra se va a hacer», manifestó el presidente del gobierno español, José Luis Rodrí­guez Zapatero, que aseguró la «firme determinación del gobierno de realizar esa obra, la más importante para la futura vertebración de Euskadi, de Euskadi con el conjunto de España y de Euskadi hacia Europa».

«No permitamos que ETA tergiverse las cosas», alertó por su parte el presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe. «Necesitamos más que nunca en este paí­s a los empresarios».

El secretario general de la patronal vasca Confebask, José Guillermo Zubí­a, aseguró por su parte a la radio RNE que los empresarios seguirán trabajando «por el desarrollo económico vasco y comprometidos con la sociedad».

«La respuesta no puede ser la acomodaticia de Lemóniz y Leizarán», estimó el diario El Paí­s en un editorial.

Pero para Edurne Uriarte, catedrática de Ciencias Polí­ticas de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque «ETA está más débil que antes», «aun así­ puede lograr (…) paralizar la Y».

Y esto debido al «miedo en la sociedad vasca» y «la falta de movilización», «la actitud de los nacionalistas, que miran hacia otro lado», en referencia de los partidos nacionalistas en los poderes locales, y porque el gobierno socialista español, que intentó negociar con ETA el fin de la violencia, no lidera un verdadero movimiento social contra el terrorismo, dijo.

Tras el atentado del miércoles, varios partidos nacionalistas criticaron a ANV, formación independentista ilegalizada por sus lazos con ETA y presente en varios ayuntamientos vascos, por no condenar los atentados.

Y varias voces socialistas y conservadoras fueron más allá y reclamaron que este partido, que a pesar de ser ilegal conserva sus cargos, deje de gobernar.