La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentó el informe “El Estado frente al crimen organizado, implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada”, donde se develó que solo uno de métodos especiales de investigación es empleado por las autoridades, tras la aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Por otro lado, se dio a conocer que Guatemala no cuenta con un documento de política criminal.

Asies informó que tras la aprobación del Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), se ha identificado que únicamente el método especial de interceptaciones telefónicas se ha implementado para combatir a las estructuras delictivas, mientras que no se ha utilizado el mecanismo de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas.

Según se indica, los agentes encubiertos son los funcionarios policiales especiales que voluntariamente y a solicitud del Ministerio Público (MP), se les designa la función con la finalidad de obtener evidencias o información que permite descubrir y procesar a los miembros de los grupos delictivos organizados.

Mientras que las entregas vigiladas es el método de investigación que admite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de las autoridades.

Lorena Escobar, de Asies, quien fue consultada sobre la metodología utilizada para determinar los argumentos que sostienen que los otros dos métodos especiales no fueron utilizados, explicó que el estudio se realizó con base a un protocolo de investigación que estableció las obligaciones administrativas, financieras, tecnológicas y de recursos humanos, que tenía cada entidad involucrada, el Organismo Judicial (OJ), el MP y la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les solicitó información.

“Se requirió información, se hizo entrevistas a profundidad con actores claves que intervienen en el sistema, así fue como se hizo el cruce, el registro, el recuento y así se llegó a determinar sobre cuáles eran los resultados”, explicó la experta.

Por otro lado, se dio a conocer que el país no cuenta con un documento de política criminal y su ausencia provoca que la delincuencia se enfrente únicamente mediante el marco jurídico.  La carencia de la misma, dificulta el abordaje necesario que requiere el fenómeno criminal en la prevención y represión.

Según el análisis, en el país operan estructuras de narcotraficantes, extorsionistas, traficantes de armas y de personas.

POLÍTICA CRIMINAL

Asies recomendó al Estado la creación de una política criminal, mejorar los procesos de coordinación entre las instancias que intervienen en la aplicación de la ley, crear una hoja de ruta para establecer procesos y acciones precisas.