La diputada Nineth Montenegro analiza promover una acción de inconstitucionalidad contra la resolución número 36-2010 del Ministerio de Educación Pública de Guatemala, que clasifica bajo reserva la información del programa «Mi Familia Progresa» (MiFaPro) por un plazo de siete años.
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La parlamentaria de Encuentro por Guatemala enfatizó que hará uso de la facultad legal que posee para cuestionar sobre esa decisión a Bienvenido Argueta, titular de la cartera de Educación, durante la interpelación que continúa mañana en la sesión plenaria.
Montenegro insiste que surgen dudas sobre las estructuras de MiFaPro, y se interroga sobre la razón que tuvieron las autoridades del Organismo Ejecutivo para haber tomado esa decisión que es inferior y no superior a la Constitución, «quizá por haber sido amparada para tener acceso a la información de los beneficiarios», dijo.
Según la publicación, el pasado 26 de enero se tuvo a la vista para resolver la solicitud presentada por el Director Ejecutivo de MiFaPro, en que requiere que los números de Cédula de Vecindad o Documento Personal de Identificación sean declarados como información reservada», se lee en la pagina 11 de las publicación del Diario de Centro América.
Asimismo, las autoridades gubernamentales insisten que se hace valer el último párrafo del artículo 30 de la Constitución Política de la República, sobre los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, la cual encuadra perfectamente dentro de esa norma de la Carta Magna, según reza la publicación en el cuarto considerando.
La Hora realizó dos llamadas a Edgar Rosales vocero de Cohesión Social, que coordina MiFaPro -entre otros programas-; sin embargo, el mensaje audible notificó que estaba fuera de cobertura u ocupado, lo que imposibilitó el contacto para conocer las razones que el Organismo Ejecutivo para publicar esa nueva decisión que vuelve a limitar la información que persigue la legisladora Montenegro.
En información anterior, el Contralor General de Cuentas dio información sobre la auditoría de unos 200 mil beneficiarios, que recibió también con la limitación de hacer público los números de cédula de las personas que reciben los beneficios para salud, educación de hijos menores y bolsas solidarias, que complementan la ayuda social.
Para hoy se había anunciado por la bancada legislativa del Partido Patriota, una serie de análisis sobre MiFaPro, para determinar los alcances que se han obtenido y sobre los gastos económicos que ha representado para los contribuyentes.