El Congreso de la República de Guatemala tiene asignaturas pendientes, una del tema minero regular de urgencia la consulta de los pueblos basados en el Convenio 169 de la OIT, «de lo contrario vamos a estar viviendo permanentemente una situación de conflictividad social de difícil solución, comentó la diputada Rosa María de Frade.
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El parlamento guatemalteco no ha normado la forma en que se deben llevar a cabo estas consultas, «aun y cuando la Corte de Constitucionalidad en tres sentencias sucesivas ha exhortado al Congreso que lo haga», relacionó de Frade.
Organismos internacionales a través de la comisión de expertos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han insistido que se establezca dentro de la Ley de Minería la obligatoriedad de hacer esa consulta previa de buena fe antes del otorgamiento de licencias de exploración y explotación, agregó.
La legisladora reconoció que es difícil interpretar y aplicar el Convenio 169 relativo a Pueblos Indígenas y Tribales, que habla de acuerdos y consentimientos, «sin embargo tampoco limita el desarrollo del Estado», enfatizó.
Por ello pone de ejemplo países como Colombia, Bolivia y Perú que ya lo han normado y han obtenido resultados positivos.
De esos intercambios mencionados surgen posibilidades de llevar a cabo de mejor forma los proyectos de minería, «respetando los pueblos indígenas, lo que hay en algunos casos es rechazo por falta de información y falta de conocimiento, pero no hay excusas», puntualizó la parlamentaria.