El antejuicio planteado contra el magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Comisión de Postulación para Fiscal General, serí­a una plataforma estratégica que busca desacreditarlo ante la opinión pública y con el que í‰rick Alvarez, presidente de la CSJ, podrí­a salir beneficiado, según revelaron fuentes a Diario La Hora.

Estas fuentes afirman que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ podrí­a desestimar las acciones de antejuicio planteadas contra Barrientos y ílvarez, y ni siquiera enviarlas al Congreso de la República, tal y como manda la Ley de Antejuicios en su artí­culo 16.

Telésforo Guerra Cahn, actual abogado defensor del ex presidente Alfonso Portillo, fue quien accionó contra Barrientos argumentando que este magistrado está usurpando la función de Presidente de la Comisión de Postulación para Fiscal General, como consecuencia de que solicitó públicamente la renuncia a ílvarez con el objeto de acceder a ese cargo. En la querella aparece como agraviado David Pineda Barrios.

Diario La Hora buscó la respuesta de Guerra Cahn, el lunes y martes de esta semana, para conocer exactamente el motivo del recurso y además, saber quién es David Pineda Barrientos, sin embargo, no respondió las insistentes llamadas realizadas a su teléfono celular.

Fuentes a las que esta redacción tuvo acceso consideran que las acciones de Guerra están enfocadas a desacreditar y desgastar mediáticamente a César Barrientos, para posteriormente recusarlo al momento que pueda conocer alguna acción legal planteada en favor de su más popular cliente: el ex presidente Alfonso Portillo. Un ejemplo puede ser la casación dentro del proceso de peculado que se le sigue al Portillo y del cual ya fue condenado en primera instancia.

Por aparte, las fuentes consultadas refieren que la estrategia oculta bajo el antejuicio planteado contra Barrientos, consiste en que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ no traslade los expedientes al Congreso de la República. Thelma Esperanza Aldana es una de las magistradas que integra dicha Cámara y a quien se le ha señalado de mantener ví­nculos con el diputado César Fajardo, refiere la fuente.

Se consultó a José Arturo Sierra, presidente de la citada Cámara, quien indicó que sólo han recibido el antejuicio contra ílvarez y que el expediente está actualmente en manos de la Sala Tercera de Apelaciones, ya que la parte denunciante interpuso un amparo contra el Juez Séptimo de Primera Instancia, Adrián Rodrí­guez.

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, (denunciante en ese caso) confirmó ese extremo, pues indicó que esa instancia accionó contra Rodrí­guez porque consideró que su resolución, respecto al antejuicio contra ílvarez, fue parcializada ya que no entró a conocer varios puntos solicitados en la querella. En la misma se accionaba en contra de otras personas, adicional a ílvarez.

Sin embargo, existe una diferencia de criterios en cuanto a acción planteada por Guerra Cahn: el viernes último Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia, resolvió remitir a la Corte de Constitucionalidad el antejuicio contra Barrientos ya que consideró que los magistrados de la CSJ se convertirí­an en «jueces y parte» al resolver una acción de esa naturaleza.

Pese al fallo de la juzgadora, la acción no fue remitida a la CC sino a la Cámara de Amparos y Antejuicios. A ello, José Arturo Sierra respondió: «No hay ningún vací­o legal, eso (antejuicio contra Barrientos) no tiene que ir a hacer nada a la CC. En casos en que es el Congreso u otra instancia son competentes para conocer las denuncias primero se examina en la CSJ si hay mérito para un antejuicio, se remite», explicó el magistrado.

El artí­culo 16 de la Ley de Antejuicios detalla: «Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres dí­as hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres dí­as hábiles siguientes lo traslade al órgano que deba conocer del mismo (…)».

Es la Cámara de Amparos y Antejuicios, la encargada de realizar el análisis y de enviarlos al Congreso de la República, en caso estime que existen motivos.

ESTRATEGIA

Analistas consultados refieren que la acción presentada por el abogado Telésforo Guerra se trata de una estrategia que busca desestabilizar a la elección de Fiscal General y salir en defensa del Abogado í‰rick ílvarez.

«Más bien podrí­a ser una llamarada de tusa», destaca Marco Antonio Canteo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), porque argumenta que es muy claro que la CC le delegó a la CSJ, para que designara a alguien que supliera al magistrado í‰rick ílvarez.

Además, conforme a la Ley le corresponde al vocal I suplir las funciones. «No hay ninguna duda legal que el Magistrado Barrientos es el designado de la CSJ para presidir la postuladora», insiste Canteo quien expone que «parece más una estrategia para perjudicar públicamente el buen nombre del magistrado».

Sin embargo «el señalamiento que hay en contra del magistrado ílvarez es una denuncia muy fuerte, muy seria y el Congreso de la República no puede dejar de conocerla», critica el experto del IECCPG.

ACCIí“N INFUNDADA

Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dijo que la acción presentada contra Barrientos es infundada porque solamente está cumpliendo una función basada en la Constitución de la República.

«La acción está más dirigida a hacer presión a un magistrado que se ha caracterizado desde que tomo posesión a ser un buen funcionario», enfatizó Cadena quien también señala que podrí­a estar relacionado más bien con otro tipo de casos por las serie de resoluciones importantes en las que Barrientos ha participado. Además, Cadena agregó «Barrientos ha jugado un papel importante para promover reformas en el sistema de justicia para la lucha contra la impunidad», Mencionó que la acción tiene que ver con una polí­tica que están siguiendo determinado grupo de profesionales que busca criminalizar a dirigentes y buenos funcionarios.

Cadena opinó que son varios grupos los que están utilizando el derecho penal para criminalizar a buenos funcionarios.

BENEFICIO

Fuentes que contactaron a Diario La Hora, estiman que parte del juego estarí­a en no enviar ninguno de los dos antejuicios al Congreso de la República. En el caso de Barrientos, las fuentes estiman que la denuncia es infundada y cómo tal la debe desestimar la Cámara correspondiente. Ese mismo argumento se utilizarí­a, para beneficiar a ílvarez y no enviar su antejuicio al Congreso, pese a que según analistas y el denunciante, existen pruebas suficientes para que se siga el proceso que manda la ley en materia de Antejuicios.