Cuando la opinión pública adquirió plena conciencia de la dimensión y gravedad del tema de la corrupción, luego de la forma en que la prensa indagó y explicitó los casos en el gobierno de Portillo, pensé que era el momento de aprovechar esa conciencia para luchar por acciones estructurales que permitieran la reforma de un sistema podrido hasta sus cimientos diseñado precisamente para alentar el enriquecimiento ilícito y el saqueo de los fondos públicos.

Sin embargo, empezando por la misma prensa, la sensación que se trasladó al final fue que el problema había sido Portillo y no la estructura administrativa del Estado y todo mundo se dio por satisfecho por el triunfo de la oposición que, según algunos, ponía fin al latrocinio.
 
 La verdad es que cambiaron los métodos y estilos, pero la corrupción siguió su ritmo ascendente con el agregado de que también se siguió sofisticando, haciendo más difícil detectar las huellas porque se hicieron más y más negocios en vez de simplemente dar gavetazos como ocurrió en el gobierno del FRG, específicamente en temas como el del IGSS y el Ministerio de Gobernación.
 
 Y un modelo que ya era suficientemente perverso porque se orientaba al saqueo de los recursos públicos, fue afinado por los financistas que ya no se quedaron en la periferia del poder recogiendo sus beneficios, sino que se enquistaron en las más altas esferas de gobierno para decidir cómo, cuándo y a quiénes se beneficiaba con todos y cada uno de los contratos del Estado.
 
 Los últimos años han sido de lucha y denuncia contra la corrupción, contra un sistema fallido porque la democracia fue secuestrada por los pícaros que en su nombre se forran de dinero cada cuatro años. El inicio de este gobierno fue visto por algunos como la última oportunidad de hacer algo y pensé que valía la pena hacer un gran esfuerzo para que las leyes de transparencia fueran aprobadas y para que el país pudiera sentar las bases de la rendición de cuentas.
 Viendo lo que pasó ayer en el Congreso uno se da cuenta que es una batalla perdida, que realmente no tiene ninguna esperanza la lucha contra la corrupción. Pero no sólo porque los políticos encuentran siempre el pretexto perfecto para evadir su responsabilidad, sino también porque el acompañamiento de la ciudadanía es realmente patético. Todos nos quejamos de la corrupción, de cuántas oportunidades se pierden en el país porque los fondos públicos no se usan para beneficio de la colectividad, sino para beneficio de los contratistas y de los funcionarios que contratan a los pícaros, pero a la hora de la hora nos domina la indiferencia y no hacemos nada por cambiar las cosas. Basta el absurdo pretexto de que no sirve el tablero electrónico para postergar la discusión de una ley contra el enriquecimiento ilícito y nos meten en el debate de si la culpa es de Lider y sus diputados o del oficialismo que con un Presidente del Congreso que tiene escasas luces no atina a dirigir el Poder Legislativo. El problema no está allí, sino en la absoluta y descarada falta de voluntad de aprobar una ley, al menos hasta dar tiempo para que salgan las primeras voces a clamar contra criterios como el tráfico de influencias que tanto daño le ha hecho al país.
 
 Es esta una lucha frustrante, sin esperanzas y en la que tenemos que asumir que aún si fuera aprobada la ley, su aplicación nunca será efectiva porque todos se terminan tapando con la misma chamarra. La transparencia no es en realidad parte de la agenda de ningún político en el país. Pensé que avances en ese campo podrían hacer pasar a la historia al gobierno de Pérez Molina, pero la madeja es demasiado grande y la estructura demasiado inconmovible.