El Consejo Asesor de Seguridad (CAS) estima que más de Q70 millones anuales pagan los guatemaltecos por extorsión; sin embargo, asegura que existen mecanismos para contrarrestar el flagelo, que enriquece a las redes criminales.
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Fernando Girón, coordinador del CAS, indica que el problema provoca preocupación y afección a la sociedad en todos los niveles, principalmente porque no denuncia y beneficia a los delincuentes con la secretividad y el miedo.
A decir de Girón, los guatemaltecos pueden ayudar a contrarrestar la extorsión, pues es útil apagar el teléfono cuando hay hostigamiento de parte de delincuentes, quienes deben ser denunciados ante las entidades de seguridad y justicia.
Por eso, esta mañana se lanzó la campaña de medios «Detengamos el Delito de Extorsión», que consiste en tres fases: Sensibilizar e informar a la población para orientarla en métodos de prevención; coordinar institucionalmente el acompañamiento de la persona que ya es víctima de extorsión, así como impedir que el flagelo continúe incrementándose a través de iniciativas de reforma legislativa y adopción de políticas públicas.
A criterio de Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, esta campaña es importante para que la población colabore con las instituciones encargadas de investigar, porque aunque se tiene un registro de 45 denuncias diarias de este flagelo, se cree que aún hay una «cifra negra» de personas que prefieren callar por temor a ser víctimas de represalias.
López considera que un 40 por ciento de las extorsiones continúa saliendo de los centros carcelarios, además indica que el transporte urbano y extraurbano es uno de los más afectados.
Por su parte, Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), concluye que el tema de la inseguridad es un elemento que aleja la inversión al país y es un factor que los inversionistas toman muy en cuenta al momento de tomar una decisión.
Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala, propone regular la compra y venta de celulares para erradicar las extorsiones a través de este medio. Además señala que se debe aplicar el método de países como México en donde la responsabilidad de lo que se haga con un número de teléfono es del dueño de ese aparato.
Para el vicemandatario es importante que los tomacorrientes que hay en las cárceles del país sean sellados para que los aparatos móviles no puedan ser cargados, «no entiendo por qué no lo han hecho todavía», señala. Finalmente, Espada reconoce que es a través de un sistema interno que ingresan los celulares a las prisiones y señala que estos no son llevados por los visitantes.
El funcionario realiza una petición a la Corte Suprema de Justicia para que en el sistema judicial se readecúen las penas que los extorsionistas deben recibir al cometer el crimen y al sistema bancario que aporte información necesaria para detectar cuentas anómalas.