El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) estima que las pérdidas en productos agrícolas durante la primera fase del invierno alcanzaron los Q80 millones.
lahora@lahora.com.gt
Las intensas lluvias y vientos que azotaron el país a partir de mayo devastaron una buena cantidad del territorio cultivado en las principales zonas con riesgo de sufrir inundaciones y deslaves.
El ministro de Agricultura, Julio César Recinos, reconoció que las pérdidas durante la primera fase del invierno alcanzaron los Q80 millones e indicó que los departamentos de Petén, Izabal y las Verapaces fueron los principales damnificados en el sector agrícola.
El funcionario destacó que los cultivos de maíz, café y las hortalizas fueron severamente afectados, y anunció el inicio de un nuevo proceso de investigación para dar a conocer los resultados de pérdidas durante la segunda fase invernal.
Según los reportes publicados por el MAGA en julio pasado, los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Zacapa también habían sido seriamente afectados en diversas zonas de cultivo.
El pasado informe de Zacapa daba cuenta de pérdidas valoradas en Q21 millones, correspondientes a 4 mil 460 manzanas de terreno cultivado con maíz amarillo, frijol negro y café.
Exigen respuesta
Las organizaciones campesinas estiman que los daños en agricultura tendrán serias consecuencias para la economía de los pequeños productores, quienes no podrán reponerse con facilidad frente a las cuantiosas pérdidas.
Juan Tiney, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, opinó que la postura del MAGA al anunciar las millonarias pérdidas es «irresponsable», ya que considera que el Gobierno no presenta la información «real» sobre los daños en la agricultura.
«El Gobierno no está ofreciendo la información completa sobre las pérdidas; había ofrecido un subsidio de Q88 millones a más de 32 mil pequeños productores, y hasta la fecha no se ha cumplido con esa promesa, esa sí es una verdadera pérdida», dijo el líder campesino.
Tiney indicó que la ayuda gubernamental para los productores agrícolas, especialmente para los campesinos debe ser efectiva para que los daños a los cultivos no repercutan en la seguridad alimentaria de los pobladores.
«El Gobierno debe responder, cueste lo que cueste, porque está en riesgo la vida de muchas personas», puntualizó.