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Para vincular a un joven a las llamadas pandillas, o a hechos delictivos propiamente dichos, bastará para muchos con observar su forma de vestir o incluso el lugar en el que vive. Pero, ¿qué efectos tiene esa estigmatización de la juventud en nuestra sociedad?

El Estado es uno de los entes que criminaliza con mayor frecuencia a los jóvenes por medio de su fuerza coercitiva: la Policí­a Nacional Civil (PNC) detiene en muchos de los casos a jóvenes de zonas que identifican como «rojas», aunque no exista hecho flagrante, lo que se traduce en una clara violación constitucional y congestiona el sistema de justicia del paí­s.

Sin embargo, el Estado no es el único ente criminalizador de la juventud, los medios de comunicación que dí­a a dí­a reproducen la información de la PNC, van generando un estigma hacia este grupo de la población, en el imaginario colectivo de la sociedad.

Lo anterior es concluido por expertos consultados en temas de juventud y justicia, quienes refieren que la estigmatización y criminalización de los jóvenes, tiene graves efectos en el paí­s.

La Constitución establece en su artí­culo 5 que: «toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohí­be; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.

Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma».

El siguiente artí­culo de la Carta Magna refiere que: «ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta», sin embargo, la realidad del paí­s parece estar aislada de esa visión, afirman los entrevistados.

JUVENTUD

Abner Paredes, coordinador del írea de la Juventud del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), considera que la estigmatización contra la juventud se da desde el propio Estado, ya que son las autoridades las que constantemente violentan el debido proceso a través de las detenciones irregulares.

«En muchos de los casos, las detenciones sólo tienen relación con el área en la que viven los jóvenes, éstas son consideradas como zonas rojas, sin embargo hay otros sectores donde sí­ ocurren hechos de violencia donde no persiguen a los delincuentes», declaró Paredes.

El joven entrevistado denunció además que el exceso de esa estigmatización y criminalización en la juventud lleva a las ejecuciones extrajudiciales.

Para Paredes, toda esa situación se ve constantemente reflejada en los medios de comunicación, que, a su criterio, violan en muchos de los casos el derecho a la presunción de inocencia, lo que a su vez aumenta la sensación de inseguridad en la sociedad y genera que la ciudadaní­a busque aplicar la justicia por su propia mano.

El entrevistado agregó que los efectos de esa estigmatización y criminalización de la juventud son la exclusión, ya que los jóvenes ven vedada su oportunidad y derecho a desarrollarse por medio del trabajo, la educación, la salud, entre otros. «No existen polí­ticas de Estado dirigidas al desarrollo de la juventud sino sólo se ejecutan medidas represivas y no se invierte en la prevención del delito», declaró el entrevistado de CALDH.

«Lo que planteamos es que haya procesos efectivos de investigación para determinar con veracidad la participación especí­fica de los jóvenes en actos delictivos y que ni la PNC ni el Ministerio Público (MP) se dejen llevar por denuncias sin fundamento a nivel de ciudadano», enfatizó Paredes.

EFECTOS PERVERSOS

Las dimensiones de esa estigmatización también alcanzan repercusiones a nivel jurí­dico. A criterio de Monterroso, encargado de incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la criminalización está centrada contra jóvenes con caracterí­sticas de los estratos sociales menos favorecidos.

«La PNC generalmente captura personas con determinada forma de vestir, aspecto fí­sico, color de piel, o caracterí­sticas fí­sicas que los identifican como personas de escasos recursos. Casi no hay capturas de jóvenes de clases altas», considera Monterroso.

Monterroso explica que a nivel jurí­dico, la PNC comete el delito de detención ilegal: «el artí­culo 6 de la Constitución es claro en establecer que una persona sólo puede ser detenida por haber cometido un delito o falta, en flagrancia o por orden de juez y eso sienta a los jóvenes en un cí­rculo de estigmatización que va generando efectos en el propio individuo», citó.

El experto en temas jurí­dicos añade que el involucramiento de los jóvenes en el delito, da inicio por la estigmatización que se tiene en contra de él, como en el caso de los tatuajes, que no está tipificado como un delito. «A menos que sea portación ilegal de cara», ejemplificó.

Monterroso explica además que los efectos de perseguir personas y no delitos de parte del Estado, son perversos: «Esos casos no pueden ser juzgados, la PNC los detiene por tener un tatuaje, pero el MP no los puede acusar y un juez menos juzgarlos por eso. Eso genera gasto de recursos innecesarios y el colapso del sistema de justicia por tanto delito de bagatela», citó el jurista.

«Es difí­cil dar un dato sobre las detenciones que se hacen a jóvenes por estigmatización, porque en muchos casos, el parte policial indica que les encontraron una bolsita de droga, pero eso congestiona el sistema porque no hay testigos y la PNC justifica detenciones con hechos no reales y sin pruebas», finalizó el analista.