El 10 de septiembre, en una breve nota, página 6, Prensa Libre hizo del conocimiento de sus lectores que el Congreso de la República había aprobado un decreto para efectuar consulta popular para «determinar si el pueblo de Guatemala quiere que el diferendo territorial que mantiene con Belice, se resuelva en la Corte Penal Internacional». (Error de Prensa Libre, es Corte Internacional y no Penal).
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La Hora adecuadamente le otorgó al tema su portada bajo el título «Belice por camino largo y engorroso», publicando una extensa nota en su página 2, bajo el título «Pugna legal por Belice será cara, larga y engorrosa». A su vez, elPeriódico -el sábado 11 de septiembre- le dedica el editorial bajo el título «Belice a consulta».
El tema de Belice lo he abordado en diferentes oportunidades. El 30 de noviembre de 2007: «Belice es nuestro»; el 18 de febrero de 2009: «Por la patria»; el 24 de julio de 2009: «Guatemala, Belice y las Termópilas» y el 16 de noviembre de 2009: «Belice y el gasto estéril».
Dejar de referirme al tema nuevamente sería carecer de principios, traicionar lo que me enseñaron en las escuelas públicas y privadas a las que asistí. Como lo he evidenciado, soy un guatemalteco que persiste en sus luchas. Me pueden derrotar, coaccionar, criticar, encarcelar pero no lograr que traicione a mi conciencia y a las enseñanzas que desde niño mamé.
Por ello, vuelvo a reiterar que considero que todo el proceso que se ha venido desarrollando por la Presidencia de la República, por la cancillería y al que ahora se suma el Congreso de la República, es una traición y por supuesto es inconstitucional, ilegal e improcedente (valdría conocer para constancia histórica qué diputados votaron a favor, en contra y quiénes razonaron su voto).
La pregunta en sí que se pretende se someta a consulta es inconstitucional por cuanto nuestra Constitución Política vigente, en las disposiciones transitorias y finales, artículo 19, dice: «Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución». (El subrayado es nuestro).
Conforme a dicho texto, podría argumentarse que las gestiones de trámite que ha realizado el Ejecutivo son aceptables en cuanto a gestiones propiamente; sin embargo, el fondo de lo que pretende consultarse, tanto por el Ejecutivo como por el Congreso de la República, no es un acuerdo definitivo y si alguien se atreve a decir que no es así que nos explique en qué consiste la pregunta definitiva. Por el contrario, la actual redacción comprueba lo indeterminado, lo desconocido, que a priori Guatemala se compromete a aceptar; por consiguiente, es un consentimiento a futuro sobre lo que pueda ser el contenido de la decisión que la Corte Internacional de Justicia emita como sentencia.
Distinto sería si, como lo han señalado el editorial de elPeriódico y el último artículo publicado en La Hora, no fuera un juicio de derecho lo planteado sino algo «ex aequo et bono» lo que permitiría que se aplicaran principios de equidad y justicia y esto ya conocido lo que se consultaría y se aceptaría o no por los guatemaltecos.
Qué pésimo que el presidente del Congreso, Roberto Alejos diga «podría realizar una visita al Gobierno de Belice para motivar la agilización de la decisión de la Cámara de Senadores beliceños». ¿A cuenta de qué?
¡El territorio de Belice es parte de Guatemala! NO A LA CONSULTA.