En general se puede hablar de un sentimiento de descontento entre la población con respecto al comportamiento de sus funcionarios, en todos los niveles de la administración pública, pero esa percepción negativa se dispara en forma exponencial cuando se conocen noticias como la que publicó recientemente Prensa Libre sobre el despilfarro de los recursos del Estado para sufragar los suculentos almuerzos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisamente aquellos trece que se pasaron casi un año reuniéndose para elegir, sin lograrlo, a su presidente, y en cada uno de esos encuentros se hartaron a costillas de los contribuyentes.
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Y sucede que lo mismo pasa en el Congreso de la República donde las cifras por supuesto son mucho más altas por la cantidad de diputados que reciben almuerzo como gancho para atraerlos, lo que daría lugar a que se les pueda calificar justamente como verdaderos muertos de hambre. Pero al margen de lo que podamos pensar de los funcionarios, lo que me interesa señalar es que obviamente los políticos del país están viendo la tempestad y no se arrodillan, porque el nivel de descontento que se palpa entre la población es de tal magnitud que uno tiene que pensar que este desmadre no puede terminar bien para ninguno.
Conversando con algunos expertos me decían que hay acuerdo entre los conocedores de que en el caso de la Policía Nacional Civil no se puede pensar en una refundación de la misma porque para que un proceso de reingeniería pueda ser considerado, haría falta disponer de una reserva moral y ética de por lo menos un treinta por ciento de quienes componen una institución. En el caso de la PNC, me manifestaban, hasta las plazas para entrar a la Academia son compradas porque hasta los aspirantes están ya contaminados con los vicios que son generales en la institución.
Y eso me hizo pensar que si revisamos todas las instituciones del Estado, incluyendo los organismos que lo conforman, tenemos que concluir que en ninguno de todos ellos existe, ni por asomo, un treinta por ciento de reserva moral y ética que pueda alentar la esperanza de una reingeniería para reconstruir lo que está por los suelos. Es más, me atrevo a pensar que en la mayoría de casos aspirar a un tres por ciento de honorabilidad y decencia es aun pecar de iluso, porque se ha consolidado un sistema que fue diseñado para robar, para alentar la corrupción y la podredumbre. Un sistema que hace que quienes forman parte del llamado Sector Público sean, salvo las honrosas excepciones que confirman la regla, avorazados que se dedican a mamar de la ubre del erario sin contemplaciones.
Y como si no les bastara lo que se clavan con sus permanentes negocios, todavía se recetan privilegios como esos de la comida a cuenta del gasto público. Aun si fueran dechados de cumplimiento y trabajo, sería inaceptable ese tipo de canonjías, no digamos cuando se dan casos como el de los diputados, que dejaron que se robaran 82 millones de quetzales como si fueran 82 centavos y los magistrados que dieron el ejemplo pésimo de su irresponsabilidad al no elegir a su presidente durante varios meses, no digamos con otras torerías que irán saliendo a luz.