Un tema que ha mejorado el acceso a la información, pero ante la negativa de las oficinas públicas la Ley establece un ente regulador, la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), que es la entidad reguladora de verificar la función del acceso a la información.

El artí­culo 46 de la Ley de Acceso a la Información establece el ente regulador para el control de los datos públicos, dándole la potestad de tener el control, aplicación y verificación de una ley que se convierte en una herramienta básica para la fiscalización del gasto gubernamental.

Alfonso Godí­nez, de la oficina de Acceso a la Información de la PDH, es quien recibe los informes de las oficinas de acceso y las denuncias de los afectados ante la negativa para obtener datos. Durante el 2009 recibieron alrededor de 56 denuncias y en algunos dí­as presentarán un informe para verificar el trabajo de las demás entidades y la manera en que han facilitado la información pública.

– ¿Cómo están trabajando para velar por el acceso a la información?

– Por una parte hay que trabajar con la administración pública, recordándole cuáles son sus obligaciones, estableciendo, en calidad de entidad reguladora, cuáles son los seguimientos a seguir y darle seguimiento a las que tengan mayor resistencia.

A la par de esto se le tiene que dar un proceso de seguimiento en el cual la población tiene que ir conociendo, sintiéndose titular del derecho al acceso a la información pública.

Tenemos que comenzar a pensar que esto tiene que ser un derecho humano que conozca toda la población, y eso trae consigo una cultura de libre acceso a la información pública que se contextualice en una cultura de transparencia.

– ¿Cómo se podrí­a hace esto?

– La Ley establece cuáles son esos mecanismos, y las lí­neas de trabajo son que se tiene que insistir mucho en el tema de la divulgación y el acompañamiento de los sujetos obligados, todo esto tiene que ser una puesta de Estado.

No es la entidad reguladora, no es el Gobierno, tiene que ser una puesta de todo el Estado por el tema de la transparencia y el acceso a la información pública.

– ¿Qué es lo que ha sido más difí­cil?

– Número uno, el tema del presupuesto; hay muchas obligaciones, tanto como a los sujetos obligados como para la autoridad reguladora, pero sin los fondos necesarios no podemos tener la cobertura que quisiéramos.

Evidentemente, no todo es plata; hay muchos temas que son de voluntad y creatividad, pero en buena medida si no hay la disposición de los recursos financieros, el avance será más lento.

La ley establece una entidad reguladora, pero también establece una asignación presupuestaria definida para que la entidad reguladora cumpla con esas funciones. Esto no ha llegado a la institución y es de reconocer el trabajo porque a pesar de no tener los fondos a disposición, se han hecho los ajustes necesarios.

– ¿De qué manera garantizan el acceso a la información?

– En el papel que nos corresponde, hay una doble tarea, una de velar y asumir el rol de protector del derecho humano al acceso a la información pública y en ese sentido el trabajo que ha venido desarrollando la institución es el ejercicio de la supervisión con los sujetos obligados.

No solamente se circunscribe a llegar al lugar, sino más bien, la actualización de portales electrónicos, porque hay un tipo de información que la ley la establece como información pública de oficio, que ya no tiene que ser necesario pedirla porque tiene que estar en el portal.

Otra lí­nea de trabajo ha sido la presentación de recursos de revisión, frente a la decisión de algunos ministerios que clasifican información como reservada y se estima que no cumple con los requisitos para tener esa calidad.

– ¿Qué acciones han hecho luego de la clasificación de información reservada?

– El dí­a martes 2 de febrero se presentaron recursos de revisión al Ministerio de Gobernación y de Educación, porque ninguna de las dos acciones cumple los requisitos para ser catalogada como información reservada.

El 4 de enero también fueron presentados otros dos recursos de revisión ante el Ministerio de Gobernación por otras dos resoluciones que clasificaban la información como reservada y evidentemente como respetuosos del Estado de Derecho se ha acudido a las ví­as que establece la ley.

Se tiene que acreditar fehacientemente y de forma razonable la razón de la medida, porque en ninguno de los casos se estima que se ha superado las formalidades para establecer el carácter razonable y justificado de la ley.

– ¿Qué hemos mejorado después de la aprobación de la ley?

– Es un paso hacia adelante como una herramienta de fiscalización y transparencia, una cultura de acceso a la información pública, lo que permite es vivir mejor, porque permite tomar decisiones de una forma más orientada.

Ciertamente los pasos que se han dado desde la entrada en vigencia a la normativa han sido importantes, porque ya se cuenta con unidades de información instaladas y alguna información comienza a conocerse públicamente.

Estamos dando los primeros pasos para romper una histórica cultura de la opacidad y uno de los grandes aportes de esta ley es que no solamente le da una herramienta de control ciudadano a la población, sino además permite que el ejercicio de la función pública se vea legitimado.