Ayer, se divulgó la noticia del incendio provocado por la explosión de un cilindro de gas. El hecho se registró en una vivienda de la colonia Roosevelt, zona 11, en donde murieron calcinadas dos personas, Juan Carlos Illescas Mendoza, de 22 años, y José Alejandro Méndez de León, de 4. Cuatro personas más fueron evacuadas por los cuerpos de bomberos. Esta nueva tragedia reactiva la exigencia de aprobar la iniciativa de la ley específica para regular el manejo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas propano.
De los cuatro millones de envases de GLP que circulan en Guatemala, 800 mil se encuentran en mal estado. Son verdaderas «bombas de tiempo», que en cualquier momento pueden saltar en pedazos, debido al menor detonador. De acuerdo con las estadísticas de los cuerpos de bomberos, en 2006 hubo más de 250 explosiones de envases de gas. A pesar de las voces de alerta, ni las autoridades ni las empresas que comprimen el fluido propano han adoptado medidas para evitar desastres en términos de muertes, lesiones y ruina de propiedades.
La citada iniciativa de ley fue refrendada por 15 de los 21 diputados que integran la Comisión de Energía del Congreso, sala presidida por el representante Luis Fernando Pérez Martínez. Es primordial pronunciarse a favor de la aprobación de este proyecto, el cual promueve las condiciones adecuadas para el desarrollo ordenado y eficiente de la comercialización del GLP. Lo paradójico es que el presidente del Congreso, Rubén Darío Morales, se ha manifestado contrario a su aprobación en el pleno, sin tomar en cuenta los intereses de sus propios electores, pues se beneficia a más de 8 millones de personas, y por ende, a la economía nacional. A esta paradoja se agrega otra, que la bancada del PAN, a la cual pertenece el Presidente del Legislativo, está a favor de emitir la ley de manejo del gas propano.
El proyecto vela por el cumplimiento de normas que protejan el medio ambiente y a los consumidores. Se regula lo relacionado con la propiedad y depósito de los cilindros, así como de los recipientes que se introducen al mercado, fijándose los procedimientos para su registro, calificación y recalificación. Por primera vez se propone un instrumento que fortalece las normas y procedimientos de comercialización del hidrocarburo. Es un cuerpo legal que dará garantías para una libre competencia de la cual se deriven mejores productos y los precios más convenientes para la población.
La iniciativa establece la obligación de que los envases de gas a presión destinados al consumo doméstico, deberán tener troquelado en su hombro el nombre o iniciales del fabricante o del propietario original; la fecha de fabricación; presión normal de uso para el cual fue manufacturado; el peso exacto y la fecha de la última prueba hidrostática.
Es de urgencia nacional aprobar este cuerpo legal que, según las informaciones de prensa, cuenta con el apoyo de un 75 por ciento del total de diputados, y por ende, de la mayoría de bancadas del Congreso. Con su promulgación se erradicará la práctica de los gaseros de mantener en malas condiciones sus depósitos domésticos de combustible. Todas las empresas estarán obligadas a identificar los envases de su propiedad y deberán contar con seguros para indemnizar a los perjudicados por su falta de controles, tanto de seguridad como de calidad.