Depositantes de Bancafé International Bank (BIB) recurrieron hoy a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), para denunciar violaciones al derecho de acceso a la justicia, puesto que el proceso se encuentra detenido.

De acuerdo con Karla Rodríguez, depositante afectada con el cierre de operaciones de la entidad, lo que buscan es que se realice la audiencia que se tenía programada para este viernes 8 de marzo.

Dicha diligencia estaba agendada en el juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal; no obstante, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó que el proceso debe ser remitido al juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, por lo que la realización de la audiencia quedó en suspenso.

Dentro de la causa, este viernes se conocería las pruebas del Ministerio Público, y Price Waterhouse Coopers (PWC), donde demostrarían  que el dinero de los depositantes del BIB, habrían ido a parar a la entidad Vipasa International, S.A., y que este se utilizó para pagar gastos, como tarjetas de crédito vencidas, créditos impagables, entre otros; dinero que según se señala, en ningún momento debió ser contemplado como activo.

Según personeros de PWC, de realizarse esta audiencia se procedería a realizar una sexta distribución del dinero que el custodio ha venido recaudando a través de Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa), cantidad que asciende a US $23 millones.

La diligencia fue programada originalmente para el 12 de diciembre de 2011, no obstante, fue suspendida debido a la tramitación de un amparo presentado por el Banco de Guatemala. La misma situación se repitió el 21 de agosto del año pasado, cuando la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 8 de marzo siguiente.

En ese sentido, los demandantes señalan que al haber ordenado el cambio de juzgado del Caso Bancafé, la Cámara se habría extralimitado en sus funciones, puesto que la Corte de Constitucionalidad (CC), aún no ha resuelto una recusación en contra de Villatoro.

Derivado de esto, dentro de la acción en la PDH, los afectados también presentaron una denuncia en contra de los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios.

VICEPRESIDENTA
En la sede de la PDH, Rodríguez declaró que temen tener que esperar un año más para que la diligencia sea reprogramada.

“Ya no estamos dispuestos a esperar más. Somos muchos los afectados, y en estos seis años han pasado tantas cosas; ocurrieron muertes y desgracias debido a la pérdida de dinero”, subrayó.

Por otro lado, Rodríguez le hizo un llamado a la vicepresidenta Roxana Baldetti, asegurando que cuando se encontraba en campaña, la funcionaria se reunió con los afectados, y se comprometió a ayudarles para que recuperaran el dinero que perdieron.