Habitantes de lotificadora temen ser despojados de sus propiedades
Vecinos de la colonia Brisas de San Pedro, ubicada en el kilómetro 16 y medio ruta a San Pedro Ayampuc, denunciaron ser víctimas de estafa al haber adquirido los terrenos que actualmente ocupan y después percatarse que están embargados por orden judicial.
Ante ello los afectados presentaron una denuncia al Ministerio Público, pero ante el poco interés percibido en la fiscalía, acudieron ante el diputado Manuel Baldizón de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para que les apoye y asesore, quien les ofreció realizar las investigaciones y de comprobar anomalías accionará penalmente.
Terrenos embargados
Los afectados dicen haber comprado los terrenos por la suma de Q15 mil a Carlos Humberto Jurado Juárroz propietario y vendedor de la lotificadora sin saber que varios de estos estaban embargados por el licenciado Héctor Alfredo Muñoz quien era representante legal de la empresa Marly Sociedad Anónima.
Jurado compró el derecho de propiedad de Marly, heredando con ello la deuda que ésta tenía por la suma de Q97 mil al licenciado Muñoz, quien inició proceso judicial, reclamando su pago con una parte de la finca identificada en el libro 2,652 del Registro de la Propiedad Inmueble con el nombre de Brisas de San Pedro.
Por su parte Jurado Juárroz conociendo el problema, continuó la venta de los terrenos aduciendo que utilizaría el derecho de rescate apelando a la buena voluntad de la jueza séptima de Primera Instancia del Ramo Civil María Ester Roldán Pleitez, a cargo del caso.
Despojados del derecho de rescate
Sin embargo, Jurado Juárroz aduce que fueron despojados de su derecho pues la jueza favoreció a Muñoz concediéndole el derecho de la finca antes mencionada que tiene un valor de Q14 millones, cantidad mayor a la deuda que originó el problema, sin dar lugar a que el demandado cancelara los Q97 mil.
Además, Jurado Juárroz les prometió que en caso de ser despojados de sus propiedades, él les proporcionará terrenos en las mismas condiciones de los que poseen o les devolverá el dinero que cancelaron, pero los afectados dudan de sus promesas.