Dos exdirectivos del Banco de la República y dos personas más rindieron primera declaración por la presunta estafa de Q54 millones 700 mil a 47 personas. Siete órdenes de captura continúan vigentes por este caso.

Ante el Juzgado Cuarto del Ramo Penal, esta mañana comparecieron cuatro de las cinco personas capturadas el pasado jueves por su presunta implicación en la estafa millonaria del Banco de la República.
 
Manuel José Saravia Toledo y Juan Fernando De León Amézquita, exdirectivos de la entidad bancaria, junto a Guillermo Alfonso de Jesús Méndez, y Gonzalo Giovanni Vásquez Pérez, fueron imputados por el Ministerio Público de los delitos de lavado de dinero e intermediación financiera.

Durante la audiencia de primera declaración, la Unidad contra el Robo de Bancos del Ministerio Público, señaló que entre el año 2008 y 2009 existió una fusión entre el Banco de la República y la entidad Oxxy Financial Corp, de origen panameño.

“Acudieron a este banco a invertir, no sabiendo que esta entidad, según los documentos que tenemos no tenía autorización para realizar la intermediación financiera en Guatemala”, señaló el fiscal a cargo del caso.

De esa cuenta, y ofreciendo altas tasas de interés, los banqueros habrían estafado a 47 personas por un monto que asciende a 54 millones 700 mil quetzales, más dos millones de dólares.

De acuerdo con las pesquisas, el Banco ofrecía a sus clientes la entrega de un inmueble como pago a sus inversiones, pero no fue así. Hasta la fecha la Fiscalía logró la inmovilización de 256 fincas vinculadas a los sindicados.

Como pruebas de cargo el Ministerio Público cuenta con la declaración testimonial de 40 víctimas, además de 20 mil documentos que fueron confiscados durante la captura de los sindicados.

Será la jueza Jisela Yadel Reynoso quien resolverá la situación jurídica de los sindicados. Durante la audiencia no estuvo presente Julio Enrique Antonio Weissenberg Pieruccini, empresario vinculado al desfalco.

PRÓFUGOS

Por este caso siete personas continúan pendientes de ser capturadas, y según informó el Ministerio Público al juzgado, la Interpol (Policía Internacional) fue notificada para que la orden de aprehensión se efectúe fuera del territorio nacional, si es necesario.

En tanto un grupo de afectados por la estafa realizó un plantón frente a la Torre de Tribunales exigiendo justicia y la recuperación de sus inversiones.

Rafael Sagastume, representante de los afectados, señaló: “Esperamos que la juez primero les dicte la prisión preventiva, porque hay suficientes pruebas de la defraudación que nos hicieron con nuestras inversiones”.

También dijo que esperan que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se querelle, ya que consideran que una estructura del crimen organizado está detrás de la estafa.