Por más de dos décadas, Sigifredo Saldana Iracheta insistía en que era ciudadano estadounidense, y le decía a las autoridades de inmigración una y otra vez que nació de padre estadounidense y madre mexicana en una ciudad justo al sur de la frontera con Texas.
Y año tras año, el gobierno federal rechazaba sus alegatos, deportándolo al menos cuatro veces y una vez, deteniéndolo por casi dos años mientras él solicitaba autorización para reencontrarse con su esposa y tres hijos en el sur de Texas.
El gobierno rechazaba las declaraciones de Saldana en base a una antigua ley que citaba al Artículo 314 de la constitución mexicana, que supuestamente regulaba los nacimientos ocurridos fuera del matrimonio. Pero había un detalle: no existe tal artículo.
El error al parecer se cometió por primera vez en 1978 y desde entonces fue repetido una y otra vez, causando estragos en las vidas de un sinnúmero de personas que tenían el derecho de tener ciudadanía estadounidense pero fueron rechazados.
«Esto lo que parece, es que nadie se molestó en revisar, y es asombroso», dijo Matthew Hoppock, un abogado de inmigración de Kansas City.
El caso de Saldana quedó finalmente resuelto hace unas semanas, cuando el tribunal federal del quinto distrito desestimó la excusa oficial de que se trató de «un error tipográfico» y determinó que Saldana era ciudadano y lo ha sido desde que nació. El error, determinó el tribunal, fue «perpetuado sin corregir» por el Departamento de Seguridad Nacional.
Para Saldana, de 49 años de edad y carpintero ocasional, la decisión tomada el 11 de septiembre puso fin a una odisea tortuosa y costosa. Tras cumplir una sentencia penal por drogas en Texas en 1989, expresó a las autoridades que era ciudadano estadounidense, pero igual fue deportado en 1992. Entre el 2002 y el 2007, solicitó cuatro veces un certificado de nacionalidad. Cada vez que era deportado, quedaba separado de sus familiares.
«Siempre he vivido con el temor en mi casa de que cualquier noche iban a venir a arrestarme», afirmó Saldana, quien nació en 1964 en la ciudad fronteriza de Matamoros, al otro lado del río Bravo, frente a Brownsville.
Días después del fallo del tribunal, Saldana aún albergaba el rencor por todas las veces que fue rechazado, por cada vez que su familia tuvo que conseguir el dinero para su defensa, por todos los momentos que no pudo pasar con sus hijos, por el trabajo mal pagado que tuvo que hacer como obrero sin papeles, por toda la carga que recayó en su esposa, Laura.
Saldana argumentó que era ciudadano automáticamente al nacer, porque su padre era estadounidense. Pero debido a que sus padres no estaban casados, las autoridades estadounidenses sostenían que él debió haber sido «legitimado» antes de los 21 años de edad, mediante un proceso que según dijeron, estaba estipulado en el Artículo 314 de la Constitución mexicana.
Una carta recibida en el 2008 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos menciona el artículo y dice que la única manera en que Saldana podría convertirse en ciudadano estadounidense era si sus padres se casaban. Eso nunca ocurrió, y no tenía que ocurrir.
La partida de nacimiento de Saldana, emitida en el estado mexicano de Tamaulipas, incluye los nombres del padre y de la madre. El tribunal estadounidense determinó que con eso bastaba.
En la audiencia judicial en Houston, la jueza Jennifer Walker Elrod parecía incrédula.
«Es decir, todo este tiempo, esto estaba en el expediente, y ustedes le han dicho a la gente lo mismo una y otra vez durante años, cuando ni siquiera lo podían encontrar en la mexicana», agregó Walker Elrod al abogado oficial Aimee Carmichael. «Ni siquiera existe».
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a pedidos de hacer comentarios. El tribunal dijo que el gobierno había «dependido de elementos en la Constitución mexicana que no existían o que no decían lo que el departamento sostenía que decían».
La última frase es referencia al uso que hizo el gobierno de una cláusula de la Constitución mexicana, en el Artículo 130, para negarle la solicitud a Saldana en el 2004. Ese artículo sí existe, pero no menciona nada de lo que dice el gobierno.
Hoppock sostuvo que tales errores son inusuales pero se hacen más frecuentes cuando el caso exige la interpretación de una ley extranjera. «La mayoría de la gente que habla del tema ni siquiera sabe qué dice la Constitución mexicana», expresó.
Añadió: «Esa gente son ciudadanos de nacimiento, y por 35 años el gobierno les ha venido diciendo que no son ciudadanos porque esta ley no existe».
Ignacio Pinto-León, subdirector del Centro de Leyes de México y Estados Unidos en la Universidad de Houston, indicó que la Constitución mexicana tiene pocos artículos relacionados con temas familiares y nada sobre la legitimidad de nacimientos ocurridos fuera del matrimonio. La hipótesis del tribunal, de que el gobierno se confundió con el Código Civil en vez de la Constitución, es posible, pero aun así estaría equivocado, sostuvo.
No se sabe cuántos casos han quedado afectados por ese error. El fallo de la corte citó cuatro además del original mencionado en 1978, y seguramente hay otros. Los casos de inmigración no son abiertos al público.
Kathryn Mattingly, vocera del Departamento de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia, informó en un correo electrónico que la agencia está revisando los casos apelados.
La mayoría de las solicitudes rechazadas nunca son apeladas, frecuentemente debido a que la persona no tiene los recursos para llevar el pleito a tribunales superiores. Saldana tampoco tuvo siempre el dinero, pero fue perseverante.
«Llegaba a cierto punto y tenía que parar, y mucha gente no tiene la plata como para ir más allá de la primera solicitud rechazada», expresó su abogada, Marlene Dougherty. «Dicen ‘bien, las autoridades de inmigración lo dicen así que deben tener razón»’.
Muchos abogados de inmigración se encuentran frustrados por los errores en la aplicación de la ley, añadió Dougherty. Sin embargo, la decisión reciente en favor de Saldana le inspira esperanzas. «Quizás ahora los casos serán tratados con más justicia», dijo Dougherty.