El gobierno estadounidense anunció ayer un amplio plan de reforma del sistema de detención de inmigrantes ilegales, que incluirá el cierre de centros y la reconversión de hoteles y residencias para familias y menores.
«En nuestro sistema de detención algunos (inmigrantes) han cometido crímenes, otros solamente faltas menores y otros no han cometido ningún crimen», resumió la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano (DHS), en rueda de prensa.
Tras siete meses de revisión interna, en parte por las denuncias de organizaciones de derechos humanos, el gobierno revisará los más de 300 contratos que tiene con empresas privadas que gestionan los centros de detención, explicó John Morton, jefe del Servicio de Aduana e Inmigración (ICE).
El ICE «duplicará su personal de revisión de contratistas», aseguró Napolitano.
Esa revisión «implicará algunas modificaciones, algunos cierres (de centros) y algunas mejoras», añadió Morton.
Las normas de subcontratación y la detención de inmigrantes serán uniformizadas a nivel nacional, en lugar del actual sistema «muy fragmentado», explicó Napolitano.
El Departamento de Seguridad Interna sólo controla directamente 80 de esos tres centenares de contratos. El resto son supervisados por responsables sobre el terreno.
El nuevo sistema, que «tomará tiempo y trabajo», según reconoció Morton, incluye también la utilización de hoteles o residencias sanitarias que serán reconvertidos en centros de detención más «suaves» para familias.
Esos centros deberán presentar sin embargo un «riesgo adecuado» y deberán ser acompañados de otras medidas, como los brazaletes electrónicos para los inmigrantes cuyo estatuto debe ser resuelto por la justicia, explicó Napolitano.
Uno de los centros de detención actuales que dejó de albergar familias, por no estar preparado para ello, es el T. Don Hutto de Texas (sur), criticado por organizaciones de defensa de inmigrantes por sus severas condiciones internas y su sobrepoblación.
Ese centro pasará solamente a recibir mujeres, explicó Napolitano.
La propuesta para utilizar centros alternativos a las cárceles en todo el país será presentada ante el Congreso antes de final de año.
La reforma también incluye mejoras en los servicios de salud a los ilegales.
Unos 380 mil extranjeros sin papeles en regla son detenidos al año en Estados Unidos, explicó Napolitano.
El actual sistema de control de la inmigración ilegal, que se endureció tras los atentados de 2001 y la creación del DHS, se basa principalmente en redadas en lugares de trabajo y en las fronteras.
«Las detenciones continuarán», advirtió Napolitano, para quien el objetivo ahora es mejorar un sistema que recibió duras críticas de organizaciones de derechos humanos.
Durante la revisión interna de los últimos meses, el DHS descubrió que el número de inmigrantes ilegales muertos en custodia era 104 en los últimos seis años, diez más de lo que se creía.
Desde la creación del DHS en 2003, el número de ilegales detenidos no ha cesado de crecer, hasta totalizar 723 mil en 2008, una cifra récord.
Muchos de esos ilegales, familias incluidas, son a menudo recluidas en penales donde comparten espacios con criminales convictos.
Una reforma migratoria en Estados Unidos debe incluir la legalización de los millones de indocumentados, porque su expulsión sería un desastre humano, económico y diplomático, estimó un informe divulgado ayer por el Instituto Brookings en Washington.
Para minimizar la resistencia de aquellos que se oponen y lograr la aprobación de la reforma en el Congreso, «la mejor manera de avanzar es lograr el respeto de la ley en paralelo a una legalización a través de una serie de medidas que apunten a construir confianza», señaló el reporte.
«Incluso si se pudiera regresar a 12 millones de personas (el número de indocumentados en Estados Unidos), sería una elección catastrófica: enormemente costosa, diplomáticamente desastrosa y muy costosa en términos humanos», señaló el estudio de Brookings, producto de un debate de diez meses entre 20 académicos, ex funcionarios y líderes sociales de diversas tendencias.
Una de las medidas que puede generar mayor confianza y debe tomarse junto a la legalización, es la instauración de un sistema de verificación en los lugares de trabajo, que evite la contratación de personas no autorizadas.
Además, la legalización de los inmigrantes debería estar condicionada a que hayan estado al menos cinco años en el país, que tengan empleo estable, que hayan pagado impuestos, que no tengan antecedentes penales y que estudien inglés, señaló el informe.
Según cálculos de Brookings, un 70% de los ilegales calificaría para recibir documentos.
El presidente estadounidense, Barack Obama, ha manifestado su intención de luchar para que el Congreso apruebe una reforma migratoria a más tardar a principios de 2010, aunque la Casa Blanca admite que no cuenta aún con los votos para concretarla.
Iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.
Por otro lado, el estudio señala que de los 1,1 millones de inmigrantes legales que ingresan al año a Estados Unidos, 63% son familiares de personas ya residentes, por lo que debería restringirse el otorgamiento de visas a familiares y enfocarlas hacia trabajadores calificados.
Actualmente sólo se otorgan 180.000 visas a trabajadores calificados, cifra que debería duplicarse, según Brookings.
La reforma migratoria debería incluir la creación de una Comisión de Inmigración independiente, que sea un foro deliberativo sobre el tema que pueda recomendar al Congreso cuáles deben ser los topes de otorgamiento de visas.
Este estudio se propuso «encontrar un punto común, que seguramente no va a satisfacer completamente a ninguna de las partes», pero es un «esfuerzo por tratar de lograr una mayoría» que impulse la aprobación de la reforma, señaló Williams Galston, uno de los autores del estudio de Brookings.
Como un reflejo de las dificultades que enfrenta esta reforma, durante un debate en la presentación del informe, expertos advirtieron que su aprobación no será fácil.
«El hecho de que tengamos una crisis económica no necesariamente significa que no se pueda introducir esta ley, pero puede pasar bastante tiempo antes de que se apruebe», señaló James Gimpel, profesor de la Universidad de Maryland.
«Llevará tiempo ante de que los congresistas convenzan a sus electores de algunas ideas controversiales» previstas en la reforma, dijo Gimpel.