El Estado de Guatemala debe responder a todos los cuentahabientes estafados en la quiebra de bancos, afirmó el procurador de los Derechos Humanos Sergio Morales.

«La responsabilidad de las instituciones de gobierno era velar por la protección de los ahorros de los ciudadanos», expresó Morales, argumentando que se ha evidenciado que tanto el titular de la Superintendencia de Bancos, Willy Zapata, y Marí­a Antonia del Cid de Bonilla, presidenta del banco de Guatemala, conocí­an los problemas de la institución bancaria.

Según expresa el Procurador se debe iniciar un proceso en el cual se persigan responsabilidades individuales, en los casos especí­ficos de los titulares de las instituciones monetarias del paí­s, por incumplimiento de sus funciones al no intervenir a tiempo en la estafa de la Organizadora de Comercio S.A.

Se estima que a través de la mencionada empresa los directivos del Banco de Comercio manejaron una estafa de alrededor de mil ochocientos millones de quetzales, los cuales fueron representados como tí­tulos de custodia de valores, dichos documentos según la Superintendencia de Bancos, carecen de valor legal.

EL ESTADO NO PUEDE HACERSE RESPONSABLE

Los titulares de las instituciones monetarias han argumentado que el pago a las personas que cuentan con tí­tulos de custodia de valores, debe efectuarse con los fondos o inmuebles confiscados a las personas e instituciones relacionadas con el fraude en mención.

Según los representantes de la Superintendencia de Bancos, si el Estado de Guatemala asumiera la responsabilidad de pagar el dinero robado por la Organizadora de Comercio S.A. lo único que provocarí­a serí­a un incremento en la inflación de la economí­a del paí­s.

A este tema se refirió Morales, asegurando que hay una obligación moral del Gobierno, que debe demostrar su capacidad para rastrear los patrimonios de las personas implicadas, de no lograrlo asegura el Procurador debe ser el mismo Estado el que debe responder.