Las fuerzas de seguridad, de control como funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SB), entre otros y justicia tienen como principal objetivo investigar, procesar y castigar a los criminales,

Pero en algunas ocasiones, los funcionarios que trabajan en las instituciones del Estado encargadas de perseguir a la delincuencia se convierten en importantes aliados de los grupos a los que deberían combatir.
 
Vidal Efraín Requena Mazariegos fue capturado en marzo del 2011 y después enfrentó un proceso por lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita, delitos por los que posteriormente fue encontrado culpable y condenado a 12 años de prisión.

Poco antes de su captura, Requena era un desconocido para la mayoría de guatemaltecos, aunque dentro del sistema de justicia era un hombre de reconocida trayectoria, tanto por los que luchaban contra el crimen como por los mismos criminales.

Según su hoja de vida, Requena, con pénsum cerrado en la carrera de Derecho, trabajó en la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación como Subdirector Ejecutivo IV, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Ministerio Público, el Organismo Judicial (OJ) y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici).

También se indica que cuenta con amplia capacitación en Inteligencia y Contrainteligencia, Criminología, Criminalística, Dactiloscopia, Balística, Toxicología, Psicología Criminal, Seguridad de Documentos, Armamento y Tiro, entre otros estudios.

Un investigador de la  Unidad de Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que participó como querellante en ese caso y que por motivos profesionales solicitó omitir su nombre, expresó que a Requena “prácticamente el Estado lo preparó”.

Sin embargo, al final se demostró que no siempre trabajó a favor de los intereses del Estado.

ALIADO

Por medio de información remitida a los investigadores de parte de la Dirección General del Sistema Penitenciario y de la Inspectoría General, se certificó que Requena estuvo en dos fechas distintas –del 2 de febrero al 21 de abril de 2009 y del 9 de junio al 9 de agosto de 2010– en funciones de Subdirector en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la Zona 18 y la Cárcel de Delitos Menores (Anexo B).

En dicho puesto tenía a su cargo el control y la supervisión de un grupo de miembros de la organización criminal conocida como Los Zetas, pero según el ente investigador, Requena recibió dinero de dicha organización criminal durante su gestión como funcionario.

Con investigaciones determinaron que el sindicado se asoció a una red dedicada principalmente al narcotráfico y asesinato, para supuestamente lavar  dinero. 

La asociación ilícita que el MP y la CICIG lograron probar contra el señalado fue puesta al descubierto luego de un enfrentamiento armado entre narcotraficantes y elementos del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrida el 24 de abril del 2009, en el complejo de Bodegas Urbanización Sur, kilómetro 30.5 de la ruta hacia el Pacífico, en el municipio de Amatitlán.

EL VÍNCULO

En el caso “Amatitlán”, próximo a sentencia, el ente investigador señala que ese 24 de abril los policías ingresaron a una bodega donde presuntamente buscaban robar un cargamento de droga, pero se enfrentaron con el grupo criminal y cinco agentes murieron.
   
Las autoridades de seguridad incautaron en la escena diez subametralladoras, un fusil de asalto M-16, ocho minas antipersonales Claymore con sus respectivos accesorios,  una gran cantidad de cartuchos para ser utilizados en armas de fuego de tipo ofensivo y 562 granadas de fragmentación, así como documentación con la que lograron individualizar a los presuntos integrantes de dicha organización criminal, de la que habría participado también Flor de María Ayala Tello.

La mujer fue identificada como la propietaria del vehículo con placas de circulación P627 CQN, dentro del cual se encontró cocaína y con investigaciones más profundas se estableció que Ayala Tello vivía en Alta Verapaz.

La residencia de la mujer fue allanada y dentro se encontró libretas que contenían registros contables con apuntes de gastos y pagos, donde, para sorpresa de las autoridades, apareció el nombre de Requena.

“En la libreta identificada con la leyenda “NP. Libreta # 7”, a folio identificado con la fecha 6-01-10 se lee “Préstamo para la quincena Q3,000.00 Cta=303367066-4 Vidal Requena”, detalló la acusación contra el exfuncionario.

De la misma forma se encontró otra libreta con fecha 22 -12-09, que señalaba: “Depósito a Vidal Requena 3033670664 Pago Depto Bebe Guate Escuela Q4,500.00”.

El investigador de la CICIG explicó que con “escuela” se referían los reos al Preventivo de la zona 18 y Bebé era el sobrenombre del narcotraficante Roberto Rodríguez Cárdenas, alias “El Bebé”, condenado por el Caso Narcomatanza de Zacapa.

El ente investigador logró probar que Requena recibió de esta organización criminal alrededor de diez mil dólares. Sin embargo, aún se cuestionan cómo una persona tan capacitada y con tanto conocimiento de investigación criminal se alió a quienes debía resguardar de la sociedad, y cómo dio para recibir el dinero, la única cuenta monetaria con la que contaba.

INSERTAS

Los instrumentos que deberían servir para combatir a los delincuentes de la sociedad a veces se usan con doble propósito. Un día, los actores del sistema de seguridad y justicia  pueden apretar por un lado, pero al siguiente, relajar todas las medidas de persecución y obtener algo a cambio, un premio talvez, o simplemente el dinero de su precio previamente acordado, dijo un investigador que conoció el caso.

Un ejemplo fue la situación de Requena, otrora Subdirector del Sistema Penitenciario, quien actualmente purga una condena de lavado de dinero y asociación ilícita por su vinculación con una organización presuntamente dedicada al narcotráfico dentro del Caso Amatitlán.

En el país, durante muchos años, en varios periodos presidenciales se han fortalecido las redes criminales que se instalaron en el Estado, según el experto en temas de seguridad y exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería.

Estas redes, explicó, tienen diversas funciones y unas están instaladas en los cuerpos de seguridad, otras en el Organismo Judicial, otras más en el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal. Podría decirse que cubren todo el sistema de administración  de justicia y de seguridad del país, casi especializados en cada área.

Esto permite que “cuando miembros que pertenecen a esas redes criminales que no forman parte  de las instituciones son detenidos o son procesados, de alguna manera gozan de la protección de las mismas personas que trabajan para estas redes a lo interno de las organizaciones y eso es una realidad», señaló el analista.

Desarticular a esos grupos es parte del trabajo que le corresponde a la CICIG, porque en su mandato claramente se indica que uno de sus objetivos es desarticular los grupos paralelos en el Estado, enfatizó Rivera Clavería, pero en primer lugar, dijo, es parte del trabajo de la Fiscal General.

“Dentro de las instituciones existen órganos de control cuyo objetivo es desenredar toda esa maraña de corrupción, que impide que los sistemas cumplan su cometido; por ejemplo con la Policía Nacional Civil (PNC), existe la Inspectoría General, que es la encargada de investigar las actuaciones de los policías y los funcionarios policiales”, indicó el experto.

En el Organismo Judicial, es la Supervisión General de Tribunales la que se encarga de hacer ese trabajo, «pero yo creo que la realidad es que hay que mejorar los controles y la supervisión interna para que efectivamente esos niveles de corrupción que manejan las redes criminales internas, pueda parar», estimó Rivera Clavería.

Aunque en el Ministerio de Gobernación ya se creó la Inspectoría General de la cartera, todavía falta implementarla, y tendrá la función de mantener controles a lo interno de la institución a través de las observaciones de cada una de las dependencias. No obstante, Rivera Clavería afirma que el trabajo de la Inspectoría de la PNC tiene que ser más profundo y contar con mucho más recursos para hacer bien el trabajo.

Por otro lado, el entrevistado manifestó que en el OJ hay que fortalecer la Supervisión General de Tribunales y poner muchos más recursos en sus manos para que “efectivamente podamos saber qué es lo que hacen los jueces y cómo se manejan revisando procesos, ver si las sentencias están hechas conforme a derecho”.

«Esto es importante revisarlo, es importante para el futuro del país porque es la forma de frenar la corrupción», afirmó.

Aunque las redes criminales no es que tengan más poder que el propio Estado, a criterio del experto, es que el poder que detentan lo utilizan para asuntos criminales y perversos.

EL INCENTIVO

Las redes criminales funcionan en la medida que ganan dinero, pues no funcionan o se unifican únicamente porque sí. Lo hacen en torno a un sistema que les genere rentabilidad, sea en torno a venta de información, colaborando con las rutas para el narcotráfico o «lo que sea».

El dinero es lo que hace que se asocien a grupos criminales esa es la clave.

Según Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, aunque los funcionarios involucrados en redes criminales tengan conocimientos para evadir su captura, las investigaciones utilizan métodos que pueden conducir hasta ellos.

Incluso, existen fiscalías y agentes especializados en investigación para funcionarios públicos. En el caso del MP está la Fiscalía de Delitos Administrativos que conoce todos estos tipos de delitos.

Monterroso señaló que en estos casos el principal obstáculo lo representan las personas con vínculos en el sector justicia, porque ahí es donde se puede procurar impunidad, las redes que funcionan alrededor de los temas de comisiones de postulación o de los procesos de selección de personal, «por allí es donde más dificultades hay», señaló Monterroso, sobre todo en casos de juzgar a gente vinculada al Organismo Judicial.

Aunque parezca premio de consolación, en todas las fuerzas del mundo sucede esto, en todas las fuerzas policiales, detectivescas y de justicia. «La diferencia», dice el asesor, «es el grado de cooptación que tienen, y en el caso de Guatemala es bastante».

El grado de cooptación es el nivel de penetración que tienen las estructuras criminales en el Estado, por ejemplo en la Policía, dice Monterroso. “En cuanto al número de gente que esté adentro, en cuanto al grado que tengan estas personas, por ejemplo si nos refiriéramos a policías de fronteras son los más comunes, habría una captación mínima, pero si fueron también jefes, comisarios, o más allá…el crimen organizado estaría más presente”.

“En otros lugares existe, pero no es generalizado. En Guatemala hemos llegado al nivel de casi un Estado Paralelo, que se puede medir con base al número de casos paradigmáticos, el número de personas que están procesadas, e incluso con información que todavía no es judicial sino es de inteligencia”, advirtió Monterroso, no obstante señaló que no tenía los datos para ampliar la información.

Parte de la visibilización de estos casos, dijo Monterroso, es que se  están juzgando en otro país a las estructuras máximas de Gobernación por ejecución extrajudicial en el caso conocido como Pavón. «Ya llegó lo más alto que podía llegar”, alegó.

“Hay diputados presos -Manolito Castillo-, personas con vínculos de diputados, alcaldes, narcotraficantes”, enfatizó.

«Yo podría pensar que Guatemala está cayendo en un nivel, si no es que ya cayó, de un Estado Paralelo. Digamos detrás de la estructura legal del Estado funciona otra estructura más vinculada a negocios criminales que tiene interrelación con distintas formas de crimen organizado, desde contrabando, narcotráfico y que se mezclan también con los actores políticos», manifestó el asesor del MP

Monterroso también agregó: «Cuando las instituciones del Estado en lugar de combatir el crimen se convierten en parte de estas estructuras allí está su fuente de impunidad».

«Tenemos jueces que dan medidas sustitutivas y que amparan a gente que está siendo procesada por otros jueces. Cuando ya se llega a ese nivel ya se puede hablar que se está entrando en un Estado Paralelo», agregó.

También ejemplificó la situación con lo que sucede en las mismas municipalidades que no se pueden poner de acuerdo en un proyecto de un periférico municipal pero si se ponen de acuerdo para defraudar al erario nacional.

REDES PARALELAS

David Martínez Amador, miembro de Criminova México y Red de Investigadores Sociales –INSUMISOS–, explicó en qué consisten y cómo funcionan las estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad.

“Son grupos de poder, con mayores capacidades que el Estado mismo, que logran enquistarse dentro de las estructuras que guían los procesos del Estado”, expuso.

El experto señaló que históricamente se habla de exmilitares, abogados y empresarios que sin estar legitimados por ninguna representatividad política,  tienen presencia en el Estado.

Según Martínez-Amador, estos grupos han logrado sobrevivir el proceso de transición de regímenes autoritarios a la democracia,  y entonces,  en plena democracia actúan desde lo oscuro,  de forma paralela al poder ‘legal’.  

“Hablamos de actores privados que controlan las bases de datos ciudadanas en migración,  hablamos de privados que hacen inteligencia para el Estado sin ser miembros de una oficina formal de inteligencia, hablamos de privados que trafican con personas u otorgan documentos de identidad de forma anómala,  hablamos de estructuras dentro de las cárceles que imponen su voluntad; grupos que controlan plenamente las dinámicas en los puertos para centralizar el paso de la droga…  por donde usted lo mire,  el Estado guatemalteco está plagado de la clandestinidad”, advirtió.

Por último señaló que “ortodoxamente” hablando en relación a la historia guatemalteca,  el Estado Paralelo se comprende en razón de la presencia de grupos de inteligencia militar que sobreviven el paso del conflicto a la época de paz pero siguen ejerciendo –en la democracia–  las mismas acciones de ataque clandestino contra defensores de derechos humanos, intelectuales y periodistas, entre otros.