El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010, «Guatemala, hacia un Estado para el desarrollo humano», presentado hoy por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta varios temas interesantes que invitan a la reflexión y discusión sobre el papel del Estado para nuestra sociedad. El tema es permanente y en la actualidad tiene una especial importancia, sobre todo cuando perduran propuestas que la experiencia ha demostrado que no nos llevan por buen camino.

Con el disfraz del progreso, todo un ejército de intelectuales del mercado insiste en convencernos que la mejor ví­a para alcanzar mejores condiciones de vida es la reducción del Estado a su mí­nima expresión. En los últimos años, han logrado parte de su objetivo. El Estado de Guatemala pasó de ser un Estado desarrollista a uno que no tiene la institucionalidad suficiente para dirigir el mí­nimo de polí­ticas públicas que atiendan las necesidades de la población.

El informe: «Guatemala, hacia un Estado para el desarrollo humano», presenta un capí­tulo sobre la formación del Estado nacional en Guatemala. «Se ha dicho», afirma el documento, «que el Estado independiente se formó con las ruinas del poder colonial. En Guatemala no hubo rupturas y la continuidad de las bases coloniales se mantuvo en aspectos tan decisivos como las instituciones polí­ticas, las formas legales, los instrumentos de la dominación social, la vigencia de los intereses criollos.»

Arrastramos, como paí­s, una institucionalidad que, si bien por cortos perí­odos se ha encontrado más cerca de las necesidades de la población, sistemáticamente ha sido un instrumento utilizado por la clase dominante para garantizar su permanencia como élite económica y polí­tica.

El «Guatemala, hacia un Estado para el desarrollo humano», se plantea que el «Estado que se requiere es un poder público que pueda crear las condiciones para satisfacer los requerimientos del desarrollo humano, es decir un Estado fuerte. Cuando se afirma sentenciosamente que se requiere un Estado fuerte, se formula una respuesta, se señala una esperanza, la calidad de las fuerzas dirigentes; es necesario hacer operativos de rasgos básicos de lo que se entiende como fuerte: eficacia, legitimidad, con recursos monetarios, independiente, con honradez y asegurar el Estado de derecho».

Pero la idea que ha permeado, como una idea de desarrollo, es la de aislar las polí­ticas que generen mejores condiciones de inversión, asegurar el crecimiento económico para confiar en el derrame de la riqueza, para que cuando las bolsas de los más ricos se rebosen de dinero, caigan las migajas a la población en situación de pobreza. Esto no ha sucedido.

«En los últimos 20 años, la concentración de la riqueza en Guatemala no ha cambiado significativamente. Una quinta parte de la población sigue participando de no más del 3% de los ingresos totales, mientras que la quinta parte de más recursos obtiene más de tres quintas partes de la riqueza», apunta el informe. «Al igual que con la pobreza», agrega, «la desigualdad es un fenómeno multidimensional que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social. Las desigualdades excluyen a una amplia mayorí­a de la población, no sólo del acceso a su bienestar básico -en término de educación, salud, empleo digno, alimentación y seguridad- sino también de participar en las decisiones que orientan el rumbo del paí­s».

La discusión que propone el Informe Nacional de Desarrollo 2009/2010 es amplia. Sin embargo, en un primer momento, podemos centrarnos en los argumentos a favor de «una polí­tica fiscal en función del desarrollo humano», que «puede constituir la base de un contrato social renovado entre la ciudadaní­a y el Gobierno. Para ello es fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática».