---

Aunque en sus condenas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al Estado el pago de responsabilidades civiles por denegación de justicia, el costo para el paí­s no es sólo económico.

La última sentencia de la CIDH, en la que condenó al Estado de Guatemala por el asesinato de 251 miembros de la comunidad de las Dos Erres, La Libertad, Petén, impone a este el pago de 3.1 millones de dólares para las ví­ctimas y sus familiares.

Otras sentencias emitidas por la corte internacional han generado que el paí­s erogue cuantiosas sumas de dinero, no obstante, que un Estado sea hallado culpable de graves violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, también es un alto costo moral.

Por ejemplo, en la sentencia de la CIDH por la masacre de Plan de Sánchez, en la que responsabilizó al Estado de Guatemala por la muerte de 268 campesinos, también le ordenó indemnizar con 8 millones de dólares a los familiares de las ví­ctimas.

A criterio de César Pellecer, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, es preciso considerar que el Estado que ha firmado los tratados y acuerdos internacionales en materias de derechos humanos y los ha ratificado está obligado al cumplimiento de los mismos y por ende de las sentencias de los órganos internacionales por lo que las resoluciones de la CIDH son vinculantes toda vez que se basan antes que en el Estado y sus leyes «en el hombre o mujer que lo integran», refiere.

«Un estado no puede oponer su legislación interna, su falta de leyes o de procedimientos para cumplir con las sentencias y decisiones de los órganos internacionales; si es miembro de la sociedad de naciones tiene que cumplir lo que establecen las sentencias», enfatiza el magistrado.

El entrevistado añade que si el Estado deja de cumplir con lo que manda la CIDH, «como lo ha hecho Guatemala», enfatiza, está contradiciendo la responsabilidad que asumió con los tratados; además, las sentencias «son autoejecutables», indica.

Pellecer agrega que no es la primera vez que Guatemala debe cumplir con el pago de responsabilidades civiles a las ví­ctimas y enfatiza que la postura de la Cámara Penal de la CSJ, es que el Estado está obligado a cumplir con las leyes y las normas de las sentencias de los tribunales internacionales sin objeción alguna.

VíCTIMAS

Aura Elena Farfán, representante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), explica que para las ví­ctimas de las violaciones a los derechos humanos en el paí­s y denunciantes ante la CIDH, «es una satisfacción histórica alcanzar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en esos crí­menes», indicó.

«Las ví­ctimas hemos estado en constante relación con esos procesos debido a la no aplicación de la justicia en el paí­s y esas sentencias son de suma importancia para los denunciantes porque se sienta un precedente para romper el manto de impunidad que impera en el paí­s», refiere la activista de derechos humanos.

Farfán refiere que la CIDH ha emitido un buen número de condenas contra el Estado de Guatemala por violador a los derechos humanos, lo que pone de manifiesto la debilidad del paí­s en materia de justicia y en la lentitud y desigualdad para aplicar justicia, indica.

«Se tiene que buscar la justicia fuera de las fronteras de Guatemala para encontrar la condena por la negligencia, uso y abuso de los recursos legales, sobre todo de militares, que son los que tienen el poder de accionar en el Organismo Judicial, pero con estas sentencias se demuestra que no se ha caminado tanto en vano», declaró Farfán.

CONDENA

La última sentencia de la CIDH en materia de derechos humanos fue emitida por la masacre en Las Dos Erres, siendo el Estado de Guatemala el responsable del asesinato de 251 pobladores de esa comunidad. La masacre fue cometida en diciembre de 1982, durante el gobierno militar de Efraí­n Rí­os Montt.

La resolución fue emitida por unanimidad, con 309 argumentos y 19 puntos resolutivos, por la Cámara Internacional y determina que el Estado violó los derechos a las garantí­as judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de los familiares y las ví­ctimas sobrevivientes de la masacre perpetrada por el Ejército del paí­s.

El fallo también establece que el Estado incumplió con las obligaciones del acuerdo de solución amistosa que adquirió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2000 y obliga al Estado al pago de US$3.1 millones a las ví­ctimas.