Según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Estado de Guatemala invierte desde el 2007, Q1.27 diarios para cada uno de los 3.64 millones de adolescentes guatemaltecos que se estiman en el país, repercutiendo negativamente en sus condiciones de vida.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, presentaron esta mañana un análisis sobre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, enfocado en la adolescencia guatemalteca durante el periodo 2007-2013.

El estudio estima que la inversión directa para la adolescencia (que comprende los 10 hasta 19 años de edad) fue de Q1,689.5 millones anualmente desde 2007 a la fecha, es decir Q1.27 diarios, destinados para el financiamiento de programas para la prevención de la violencia, sistema educativo e inclusión al mercado laboral, así como otros proyectos gubernamentales para los jóvenes en el país.

El documento señala que el 40% de este monto total de inversiones en adolescentes se enfocó a la educación primaria dentro de la cual, se calcula que el 13% de los alumnos, la cursan en sobreedad. Por su parte, 1.4 millones de adolescentes, de entre 10 y 19 años, están fuera del sistema escolar.

“Los resultados son amargos, porque es una realidad que viven los adolescentes y el Estado les da la espalda a ellos. Si un Gobierno a la niñez y adolescencia no le invierte lo suficiente, está diciendo que tiene otras prioridades. Somos un Estado desnutrido, con la menor carga tributaria en América Latina y unos de los países peor calificados en términos de transparencia”, manifestó Enrique Maldonado, analista del Icefi.

Otro dato presentado por las instituciones es que la población adolescente que vive actualmente en condiciones de pobreza es el 14.5% (unos 529 mil adolescentes) y cerca del 38.8% de los jóvenes en edad para trabajar están insertos en el mercado laboral y uno de cada dos lo hacen fuera del sistema de seguridad social.

Asimismo, se calcula que la mayoría de las adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años, lo hacen en condiciones precarias para una maternidad saludable y que 1 de cada 3 adolescentes trabajadoras en el área metropolitana, recibe un salario que no cubre sus necesidades básicas.

A decir de Maldonado, para cambiar el panorama hace falta retomar un diálogo social para la discusión de un nuevo Pacto Fiscal que tenga como objetivo garantizar el financiamiento de una Política de Inversión Social nacional, con énfasis en el aumento de las inversiones en la adolescencia y la niñez.