Pedro Saravia se levanta todos los días temprano, se prepara para salir, entra al automóvil que lo conduce hasta su trabajo y desciende cuando llega frente al Palacio Nacional, al que quisiera ingresar como cualquier otro trabajador; sin embargo, los problemas inician en las gradas que dan acceso al pasillo principal.
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Y es que ese problema se deriva de la falta de rampas dentro del edificio, pues Pedro sufre espina bífida; una enfermedad que le obliga a conducirse en silla de ruedas, debido a una malformación en la espina dorsal provocada por la falta de ácido fólico previo a su nacimiento.
Sin embargo, Saravia es un discapacitado afortunado, ya que cuenta con un vehículo para movilizarse y tiene un trabajo estable, pues según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el 10 por ciento de la población en el mundo sufre algún tipo de invalidez y la mayoría se ve afectada por la falta de facilidades para transportarse.
A esto se suma la falta de oportunidades de trabajo, debido a la discriminación de una gran cantidad de empleadores hacia los que sufren una discapacidad; es una consecuencia del poco reconocimiento de este sector de la población, que también merece una oportunidad para desarrollarse de manera normal.
Sebastián Toledo, del Consejo Nacional del Discapacitado (Conadi), indica que la mayoría de edificios, tanto públicos como privados, no cuentan con accesos especiales para personas con discapacidad; entre estos se pueden mencionar el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.
Toledo señala que la poca accesibilidad a estos espacios representa para las personas discapacitadas una severa limitación en el ejercicio de sus derechos fundamentales, esto pese a que el Estado guatemalteco ratificó la Convención sobre los Derechos del Discapacitado y se comprometió a supervisar a que los edificios públicos cuenten con accesos especiales para discapacitados.
En ese contexto, el Conadi elaboró un «Manual de Accesibilidad», documento por medio del cual se norman las condiciones que se deben tomar en cuenta para que las construcciones sean «amigables» con las personas con capacidades especiales, por lo que se ha enviado a municipalidades, cuerpos de ingenieros y arquitectos, y edificios públicos.
A decir de Toledo, este manual es producto del esfuerzo del Conadi con la colaboración de arquitectos y, a pesar de ser bien recibido por las diferentes instancias, el entrevistado señala que no se debe quedar solo en «buenas intenciones» sino en acciones concretas.
«El país, históricamente, nunca ha pensado en personas con discapacidad, pues son excluidas de las políticas de Gobierno», señala.
También Marta Juliana de Acajabón, presidenta del Conadi, cuenta su experiencia al visitar el edificio de un ministerio de gobierno, donde no hay rampas ni elevadores y debió subir, tres niveles, siendo cargada por un empleado de la institución.
«El Estado es el que más debería trabajar para implementar la accesibilidad», señala; «es indignante ver lastimado a algún discapacitado, también somos personas y guatemaltecos».
LEYES SIN CUMPLIR
Silvia Quan, titular de la Defensoría del Discapacitado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señala que en Guatemala existen leyes que obligan a tomar en cuenta las normas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Sin embargo, indica que estas no se cumplen, lo que se refleja en las denuncias que la Defensoría recibe por falta de accesibilidad, sea en sucursales de empresas privadas que se dedican al comercio o a la industria y en edificios públicos.
Con esas denuncias se procede a la investigación, que consiste en la verificación del problema y al ser confirmado se emite una resolución y recomendaciones de parte del Procurador de los Derechos Humanos.
«La necesidad de acceso es reconocida pero el argumento o la excusa es que se requiere una fuerte inversión económica y contra la parte económica es más complicado convencer a las autoridades», dice.
Desde poco más de un año Pedro Saravia trabaja como monitor de medios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; para llegar a la oficina en la que labora debe subir al segundo nivel del edificio, para lo que utiliza el ascensor, aunque, como él mismo lo explica, esto también representa algún tipo de problema.
La Hora: ¿Cuál el mayor reto que se le presenta para movilizarse?
Saravia: Lamentablemente la ciudad de Guatemala no está diseñada para facilitar la movilidad de personas discapacitadas. El Palacio es poco inaccesible porque solo hay gradas y los señores de los elevadores tienen un horario limitado. Igual en las banquetas, no hay rampas y si las hay, están obstruidas por carros o vendedores ambulantes. Las camionetas no nos quieren llevar a uno o no son pacientes para esperar que se aborde la unidad, además no hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas viaje allí.
La Hora: Me comentó que en el Palacio había una rampa que quitaron, ¿qué pasó?
Saravia: No sé por qué la quitaron, de eso ya pasó casi un año, siempre he preguntado y me dicen que está en reparación pero no puedo creer que ya tenga tanto tiempo o porque no la quieren poner.
La Hora: ¿Qué mensaje les da a las personas que sufren alguna discapacidad?
Saravia: La discapacidad existe sólo en la mente y en la medida en que nosotros nos demos a conocer, así nos van a conocer y nuestros derechos se van a cumplir, y a las instituciones que sean solidarias con las personas con discapacidad. Saravia forma parte de la Asociación Guatemalteca de Espina Bífida, también del Consejo Nacional para las personas con Discapacidad y fue fundador de la Coordinadora de Organizaciones de Personas con Discapacidad.