El Gobierno de la República dispuso aplicar la Ley de Orden Público tras los incidentes ocurridos desde el fin de semana anterior en los alrededores de la Mina San Rafael y por lo tanto decretó el estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del departamento de Jalapa y los de Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, con lo cual se suprime la vigencia de derechos constitucionales como el de libertad de acción, detención legal, libre locomoción, derecho a reunión y manifestación, así como el de portación de armas de fuego.
El Gobierno ha indicado que considera que el problema va más allá de la protesta por la mina, pero los últimos incidentes son resultado directo de lo ocurrido en el pasado fin de semana cuando agentes de seguridad de la mina dispararon contra pobladores. El Gobierno ha dicho que los pobladores quisieron ingresar a la mina, mientras que las víctimas indican que iban de regreso a sus hogares cuando fueron atacados. El Gobierno dice que se usaron armas no letales, pero hay heridos graves como consecuencia de los hechos.
En cualquier circunstancia, las autoridades tienen que mostrar, al menos, interés por investigar los hechos antes de asumir públicamente la defensa de alguna de las partes y eso no ocurrió en ese incidente porque las primeras reacciones del Ministerio de Gobernación fueron de abierta defensa de la seguridad de la mina y de condena a las víctimas de los disparos. Eso, naturalmente, provoca reacciones entre una población que se siente desamparada porque en general las autoridades han rechazado sus legítimas expresiones de duda y preocupación por los efectos de una actividad extractiva.
El estado de Sitio permitirá la captura de los dirigentes del Parlamento Xinca, de la Comunidad de Santa María Xalapán y de los activistas que han dirigido las consultas contra la actividad minera. El problema, sin embargo, no se resuelve con medidas de represión porque subsistirá la causa del malestar. Creemos importante que se entienda el trasfondo real del problema, que va mucho más allá del ánimo desestabilizador de la constitucionalidad que se expresa en el acuerdo de suspensión de garantías. Hay toda una historia que se debe conocer respecto a la actitud social de grupos como el de comuneros de Jalapa que, por cierto, nunca fueron parte de movimientos revolucionarios y que son bastante conservadores y se preocupan fundamentalmente por la defensa de sus derechos ancestrales sobre la tierra y su interés por defender a la comunidad de cualquier tipo de amenaza.
Minutero:
Suspendiendo garantías
y aumentando regalías
piensan que van a desmontar
a la manifestación popular