Un amigo que labora en una fábrica de regular tamaño ubicada en el cálido cinturón industrial de Teculután, Zacapa, me contaba que hace tres semanas hubo un corte de electricidad que afectó, por parejo, a todas las industrias y actividades de la región, incluyendo embotelladoras de gaseosas y cervezas, comercios, gasolineras, procesadoras de químicos, empresas madereras y aserraderos, industrias menores y, por supuesto, a toda la población.
El corte duró, increíblemente, varios días e igualmente sorprendente que de ello poco se informó en los medios. En casi todos los centros de trabajo dejaron de laborar porque las plantas de emergencia no pueden atender toda la demanda. ¿La razón del corte? Todo indica que se descompusieron unos transformadores y cuando llegaron los técnicos para la reparación, no pudieron pasar por un bloqueo de vecinos concertados que no los dejaron pasar, de hecho casi los toman como rehenes. Y es que algunos líderes de vecinos se han constituido en “la otra empresa” que por su cuenta instala y cobra el servicio eléctrico; hasta extiende recibos. Según cuentan esa empresa hace conexiones por medio de puentes o “diablitos”, así a la brava. Claro, todo ello sería al margen de la ley. Algunos argumentan que es una forma de defenderse ante los abusos de la distribuidora Deorsa, otros lo consideran simple robo y negocio particular de algunos pícaros. En todo caso es un caos que no puede permitirse en un Estado de derecho. Inadmisible. Vamos por partes. Son muchas las quejas del mal servicio y cobros exagerados de Deorsa. Dicen que no atienden las llamadas, que las facturas cargan cobros inexplicables, que hay muchos cortes de luz, etc. Pero el principal reclamo es que los cobros son muy altos. Pero para ello existen remedios legales. De ser cierto lo anterior uno se pregunta ¿Dónde están los derechos de los consumidores? ¿Acaso son meros medios para que las empresas se enriquezcan? ¿Dónde están la Diaco y la defensoría de los Derechos Humanos? Por último están los tribunales. Hay que tener claro que en la producción de energía participan varios actores que se encuentran en diferentes lugares según esté la fuente de su generación, ya sea una hidroeléctrica, un parque eólico, planta geotérmica, de combustibles, etc. Pero la distribución requiere virtualmente de un solo servidor quien prácticamente se convierte en un monopolio; es por ello que existen comisiones estatales y dependencias especializadas que, tras análisis complejos, establecen los parámetros para los cobros del servicio. Deorsa, como cualquier distribuidor debe ajustarse a lo que establecen dichas dependencias. En caso no cumplieren, se deben aplicar los ajustes pertinentes y para corregir esos entuertos se ha establecido todo un sistema normativo jurídico que debe ser eficiente para limitar los cobros indebidos y en todo caso establecer tarifas acorde a las realidades de mercado tomando en cuenta su condición de único servidor. Por la otra parte también los vecinos, al tiempo que deben hacer valer sus derechos, también deben respetar los derechos de los demás; deben adecuarse a la ley, asimismo, hacer valer sus derechos. Cualquier conexión irregular hecha por particulares es ilegal; más aún lo es el cobro de un servicio que esa otra empresa no es la propietaria del fluido. Mal por ese grupo y mal por los vecinos que siguen la corriente. ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué dice el MP? En un Estado de derecho no pueden permitirse tamañas anormalidades. Es como infiltrar un virus que se reproduce muy rápido y pronto acabará con todo el organismo; como aquellos organismos microscópicos imperceptibles pero que pudren las raíces y al poco tiempo destruyen toda la plantación.