Estado colombiano pide perdón


El Ministro de la Defensa de Colombia Juan Manuel Santos (I) y el general del Ejército Freddy Padilla muestran una cueva utilizada por las FARC. FOTO LA HORA:  AFP  Javier CASELLA

El gobierno colombiano reconoció hoy la responsabilidad del Estado en la masacre de Pueblo Bello (noroeste) en la que 43 campesinos, entre ellos tres niños, fueron torturados y asesinados por paramilitares de ultraderecha y pidió perdón a sus familias.


«En nombre del Estado de Colombia, reconozco ante ustedes, los familiares de las ví­ctimas, y ante la comunidad internacional y nacional, la responsabilidad que le cabe al Estado», dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos en una ceremonia en la sede de la cancillerí­a.

Con el reconocimiento se cumple un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que en 2006 consideró que «Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes» para evitar que los paramilitares llegarán hasta Pueblo Bello «en horas en las que estaba restringida la circulación».

Es la segunda vez que Colombia pide perdón público por atrocidades cometidas por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que culminaron su desmovilización en 2006 y responsables de unos 9 mil crí­menes de civiles.

El año pasado el gobierno pidió perdón por 342 asesinatos cometidos por paramilitares entre 1986 y 1994, en la región de Trujillo (suroeste).

Durante dos décadas las ilegales AUC usaron las masacres y el terror para contener a las guerrillas izquierdistas en zonas del norte, noroeste y este de Colombia.

En el acto de hoy Elodina Romero, a nombre de las familias de los campesinos, agradeció el gesto del gobierno pero reclamó ayuda para recuperar los cadáveres.

«Que no haiga (sic) más desaparecimientos y se acabe la impunidad y nos devuelvan los cadáveres de nuestros seres queridos que no sabemos donde están», pidió Romero.

Según la investigación, la noche de 14 de enero de 1990 el grupo de «Los Tangueros» liderado por Fidel Castaño ingresó a Pueblo Bello, en la región de Urabá fronteriza con Panamá, asesinó a seis pobladores y se llevó a otros 37 a quienes torturaron y luego mataron para obtener informes sobre presencia de guerrillas en la zona.

Los camiones que transportaban a los paramilitares pasaron por dos retenes militares, establecidos para impedir el paso de vehí­culos durante la noche.