Para mañana figura en agenda la ley que tipifica el enriquecimiento ilícito. Mientras algunos diputados vislumbran el proyecto cuesta arriba, algunos sectores de la sociedad civil recuerdan que Guatemala es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La prueba de fuego para la aprobación de la ley contra la corrupción será esta semana, ya que sigue incluida en la lista de temas de la sesión permanente. Para mañana figuran en esta agenda: las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que fortalece el fondo de protección al ahorro; la ley contra la corrupción, y el proyecto contra la discriminación racial.

Para algunos diputados, la situación se torna cuesta arriba. “El escenario lo miro complicado si la ley la aprueban con mayoría ojalá no sea con retrocesos graves, estamos pendientes en mantener la persecución penal a particular, en materia de corrupción no podemos seguir solo a corruptos ya que hay también corruptores, lamentablemente es una verdad lógica”, señaló Amílcar Pop, presidente de la Comisión por la Transparencia.

Pop lamentó las reformas que se le han hecho al proyecto de ley, porque a su juicio buscan debilitarla. “Ojala el pleno este consciente que si hace cambios y retrocesos en la ley sería un grave daño al país en materia de lucha contra la corrupción”, resaltó el diputado.

Para el subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mauro Guzmán, son preocupantes las enmiendas que se impulsan “una ley debe tener las herramientas los dientes para que pueda cumplir su objetivo”, reiteró.

Hace días trascendió que el Partido Patriota busca hacer enmiendas al proyecto. Uno de los puntos es modificar el delito de tráfico de influencias para que sólo se aplique a funcionarios; el argumento de los oficialistas es que se condena a cualquiera que hable con alguna autoridad. Otro tema que buscan enmendar es eliminar la frase de personas jurídica y el tercer punto es el campo de acción de la Secretaría por la Transparencia.

SIGNATARIO DE CONVENCIÓN

La Alianza Técnica de apoyo al Legislativo, conformado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Fundación 20 y 20, reiteró la necesaria aprobación penal contra el enriquecimiento ilícito, por considerar que es un paso importante para la actualización de las leyes que se requieren para la transparencia.

Recordó que Guatemala es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desde diciembre de 2003. En dicho tratado internacional se establece con precisión que cada estado signatario podrá adoptar medidas legislativas para tipificar como delito acciones que configuren un tráfico indebido de influencias. Por lo que espera que la propuesta se adecúe a lo que establece el Convenio.

Considera que la aprobación de la ley debe ir acompañada del resto de proyectos que conforman el paquete de transparencia. Uno de ellos es la reforma a la  ley orgánica del  presupuesto, la cual, según su análisis, debe aprobarse antes que el proyecto del ejercicio fiscal para el próximo año sea aprobado.