El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), buscan que un juzgado decrete nuevamente arraigo en contra de Rodrigo Lainfiesta Rímola, empresario vinculado al proceso penal por la mala reconstrucción de Fraijanes II.
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En el Juzgado Décimo del Ramo Penal, el ente investigador espera que se ejecute una resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que resolvió declarar procedente una apelación de la CICIG, la cual busca impedir que el empresario salga del país.
Según la información, en base a dicha resolución el juez Décimo Penal debe arraigar nuevamente a Lainfiesta Rímola, implicado en el caso Fraijanes II, junto a ocho personas más.
De acuerdo con un investigador del caso, en su resolución la Sala consideró que el juez Walter Villatoro, que anteriormente presidía el Juzgado Décimo, procedió de forma errónea al levantar el arraigo, por lo que dicha petición debe ser conocida nuevamente.
Actualmente el señalado enfrenta proceso penal por los delitos de lavado de dinero y otros activos, conspiración para la estafa y estafa propia, y goza de libertad debido a que le fue dictado el pago de una caución económica de Q15 millones, que pagó con una propiedad valorada en Q12 millones, y el resto con dinero en efectivo.
Al consultar a Mario Hernández, abogado defensor de Lainfiesta, éste aseguró que se opondrán a la petición, pues consideran que tal medida no es necesaria, puesto que “no existe peligro de fuga porque el empresario se ha presentado de forma voluntaria a todas las citaciones del juzgado”, afirmó.
PROCESO DETENIDO
Por este caso, además de Lainfiesta y su primo Juan Diego Lainfiesta Cajas, están implicados los exministros de Gobernación, Salvador Gándara y Raúl Velásquez, así como cuatro extrabajadores de la Contraloría General de Cuentas.
Dicho proceso se encuentra detenido, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto una serie de impugnaciones presentadas contra la decisión de la Sala Primera, que reactivó la persecución penal en este caso.
Anteriormente, el juez Villatoro declaró con lugar una cuestión prejudicial y ordenó trasladar el caso por trabajos de remodelación deficientes en Fraijanes II a la vía administrativa, suspendiendo así la persecución penal contra los involucrados.
Según las investigaciones, existieron anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, para el cual se habrían destinado Q17.4 millones.
El caso vincula a directivos de la organización no gubernamental Fundtech, empresarios, y a funcionarios de Gobernación de esa época.