Víctimas sobrevivientes y familiares de muertos por la ingesta de un jarabe contaminado que fue recetado a pacientes con hipertensión y diabetes en Panamá en 2006, esperan indemnizaciones millonarias de una empresa española y del Estado español por su presunta responsabilidad en este envenenamiento masivo.
Adolfo Nieto, de 57 años, era inquieto y siempre buscaba tareas para hacer, vivía de un negocio familiar y era mensajero, pero ahora apenas puede salir de su casa y vive medio conectado a una máquina para hacer parte de sus necesidades, contaron sus familiares.
Todo se truncó para él hace dos años, cuando por una tos acudió al médico, quien le recetó un jarabe expectorante antihistamínico sin azúcar, que estaba contaminado con dietilenoglicol, un producto de uso industrial.
Iris Rodríguez tiene 55 años y trabajaba hasta 2006 en el Banco Nacional. Como Nieto, tuvo la mala suerte de que su médico le recetara el mismo jarabe para curar una bronquitis.
De una vida saludable ha pasado a perder visión, diarreas continuas, fiebres constantes, falta de apetito y un riñón a medio funcionar, aparte de que toma 14 pastillas diarias.
Iris contó que cuando la ingresaron al hospital, lo único que escuchaba era la palabra «envenenados».
«Nos metieron a todos en un cuarto. í‰ramos unos 40. Algunos se morían y lo único que nos preguntábamos era cuándo nos iba a tocar a nosotros», recordó.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha reconocido 123 muertes por ingerir un jarabe que en vez de contener glicerina para uso farmacéutico tenía glicerina para uso industrial, en uno de los episodios más trágicos de la salud pública panameña.
La sustancia nociva fue enviada por el grupo chino CNSC Fortune Way Company a la farmacéutica española Rasfer Internacional, que la distribuyó a la compañía Medicom de Panamá, que abasteció al laboratorio de la Caja del Seguro Social que elaboró el medicamento.
Para Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares por el derecho a la salud y la vida, que agrupa al 90% de los afectados, hay más de 5 mil víctimas, entre muertos y sobrevivientes con secuelas.
«Aquí se distribuyeron más de 110 mil recetas y más de 200 mil envases. Además, recientemente el Ministerio de Salud y el Ministerio Público tienen más de 6 mil personas registradas a las que se recomienda dar seguimiento», dijo.
Para Pascual el Estado español no realizó los controles pertinentes ni hizo seguimiento a la sustancia nociva, por lo que «tiene que asumir la responsabilidad porque así lo contemplan las leyes europeas en materia de salud».
Este Comité estima que las indemnizaciones podrían alcanzar los 1 mil millones de dólares.
Hasta la fecha, fue presentada en España una querella criminal por «negligencia con resultado de muerte», que aún no ha sido admitida a trámite pues el Tribunal Supremo debe decidir primero a quién le compete el caso, si a un Juzgado de Barcelona o a la Audiencia Nacional.
«Yo lo que pido en la querella es la responsabilidad de la empresa farmacéutica, la responsabilidad de las personas que se declaren culpables como personas físicas y la responsabilidad de la administración sanitaria española», dijo Alejandro San Vicente, abogado de las víctimas en España.
«Pero mientras no se admita la querella a trámite y mientras no haya una sentencia condenatoria, no se pueden pedir indemnizaciones al Estado español», explicó.
Por ello, San Vicente pidió a los familiares de muertos y víctimas que sobrevivieron que demuestren que el jarabe fue la causa del fallecimiento o el daño a la salud.
Para el abogado español corresponde al Gobierno o a la Fiscalía de Panamá determinar quiénes realmente han sufrido la enfermedad o han muerto por el envenenamiento.
Mientras tanto, Iris Rodríguez pide justicia «para los vivos y para los muertos», en un caso en que hay 17 inculpados y testificaron 160 médicos.