La iniciativa de ley de libre acceso a la información pública tiene las puertas abiertas para la tercera lectura en el pleno del Congreso.

Después de una larga espera y arduo cabildeo, las diputadas Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, y Rosa Marí­a de Frade, de la Gran Alianza Nacional, ven la aprobación de la iniciativa de libre acceso a la información en la recta final.

El trabajo para conseguir su aprobación en dos primeras lecturas por el Congreso tuvo como antesala una polémica discusión que dividió a grupos polí­ticos dentro del hemiciclo.

Se prevé que en la sesión ordinaria de mañana -en el segundo perí­odo de sesiones del Congreso- inicie la tercera y última lectura de la iniciativa, que después será revisada en artí­culos por la Comisión de Legislación, con la posibilidad de realizar enmiendas en el contenido.

«La iniciativa pretende dar impulso a la lucha contra la corrupción (…) este mal ha ocasionado que el paí­s no pueda desarrollarse en aspectos sociales durante años» indicó Montenegro.

A la espera

Desde la presentación oficial de la iniciativa de libre acceso a la información, el vicepresidente Rafael Espada se sumó al grupo polí­tico que apoya la iniciativa.

El vicemandatario manifestó que el apoyo que brinda a la iniciativa obedece a la agenda de la Comisión por la Transparencia, entidad con la que se comprometió a trabajar junto con la sociedad civil.

Positivo

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), considera que el avance de la iniciativa hasta la tercera lectura es positiva, no obstante aclara que se debe observar con cautela cualquier cambio de fondo en el texto.

«Necesitamos una ley clara y especí­fica sobre la libertad de los ciudadanos a la información pública por lo que serí­an aceptables cambios de forma en el texto de la iniciativa (…) en el aspecto de fondo no debe alterarse el espí­ritu de democracia», señaló.

De acuerdo con el analista de CIIDH, de aprobarse la ley de libre acceso a la información, el paí­s podrí­a avanzar plenamente en aspectos de desarrollo y polí­ticos, ya que la sociedad civil asumirí­a un papel protagónico como fiscalizador del Estado.