«No volveré vivo a Italia», advirtió ayer a parlamentarios brasileños y a su abogado el ex extremista italiano Cesare Battisti, quien se encuentra desde hace cinco días en huelga de hambre a la espera de que la Corte Suprema decida hoy si lo extradita a su país.
Desde la cárcel de Brasilia en la que espera el veredicto, «Battisti me dijo: «No volveré vivo a Italia, prefiero morir aquí»», informó ayer su abogado, Luís Roberto Barroso.
El ex militante, reclamado en su país por cuatro asesinatos en los años 70, «tiene la absoluta convicción de que en Italia, si es extraditado, sería hombre muerto», entre otras cosas porque uno de los asesinatos que se le atribuyen en su país es el de un agente carcelario, agregó el abogado.
El mismo discurso repitió Battisti a un grupo de legisladores que el martes lo visitaron en la cárcel. «Nos ha dicho que prefiere morir en Brasil, incluso con una extensión de esta huelga de hambre, y que no volverá a Italia a encontrar a sus verdugos», dijo a la AFP el senador izquierdista José Nery.
«Nos ha dicho que su huelga de hambre (iniciada el viernes) es total, y que irá hasta el final», añadió Nery, quien llevó una carta de Battisti pidiendo al presidente Luiz Inacio Lula da Silva que interceda en su favor.
Battisti, reclamado por el gobierno de Silvio Berlusconi para que cumpla cadena perpetua en su país, recibió refugio del gobierno brasileño en enero, generando una crisis diplomática con Italia. Cuando el caso parecía cerrado, la Corte Suprema decidió estudiar el pedido de extradición de Italia.
El jueves pasado, ese juicio fue aplazado con cuatro votos a favor y cuatro en contra. El miércoles deberá votar el presidente de la corte, Gilmar Mendes, quien en septiembre ya había adelantado que es favorable a la extradición.
También el miércoles, el STF tendrá que decidir si la determinación debe ser forzosamente respetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o si el mandatario tendrá la última palabra en el caso, con la posibilidad de mantener a Battisti en el país como refugiado.
La defensa argumenta que la extradición no puede ejercerse porque la pena ya prescribió en Brasil, tras veinte años desde la primera condena, e intenta hacer valer que la última decisión sea del presidente Lula.