La actual crisis energética ha traído aparejados otros fenómenos como el de la especulación, un mecanismo propio del sistema capitalista que facilita el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo de las mayorías.
El lunes pasado tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones que el licenciado Rodrigo Ponce de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, ofreció a uno de los noticieros de la televisión abierta sobre el problema de la persistencia de los altos precios de los combustibles en Guatemala, mientras en el mercado internacional desde hace casi dos semanas se ha operado una baja de más de 15 dólares en las cotizaciones de cada barril de petróleo.
El experto de la universidad estatal señalaba que en nuestro país hay una tremenda especulación ante la debilidad de la estructura del Ministerio de Energía y Minas que no ejerce la vigilancia ni el control adecuados para evitar estos abusos.
Para ninguno es un secreto la poca eficacia del funcionamiento de la Diaco y de los inspectores del referido ministerio para proteger los intereses de los consumidores que cada día ven cómo su dinero se derrite por la excesiva voracidad de muchos de los sectores que participan en el proceso de distribución de los combustibles.
No se necesita ninguna investigación especial para establecer que cuando a nivel internacional los precios suben, las estaciones de expendio inmediatamente mueven sus precios hacia arriba. Pero cuando es a la inversa, no actúan con la misma rapidez para ajustar para abajo los precios conforme los niveles dictados por el mercado internacional.
Desdichadamente, los esquemas del libre mercado permiten estas distorsiones que en el caso de Guatemala constituyen un verdadero despojo de los ingresos de los consumidores, con el agravante que todo ello opera dentro de un contexto de vergonzosa impunidad. Todas las autoridades que tendrían que actuar para contrarrestar estos atropellos, incluyendo la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, sencillamente se hacen de la vista gorda.
El Procurador debería actuar de oficio, pues en este caso se están lesionando los derechos económicos y sociales de los guatemaltecos, los cuales están garantizados no sólo por las leyes locales, sino también por los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados y ratificados por Guatemala.
Además hay que propiciar medidas para controlar el adecuado funcionamiento de las bombas de las gasolineras, pues muchas no entregan la cantidad que cobran los despachadores. Aunque es imperceptible, de centavo en centavo, muchos empresarios se enriquecen de manera deshonesta.