Agobiado por la crisis económica, el gobierno español empezó a cerrar la puerta a la inmigración legal al anunciar que el próximo año no tramitará contratos de trabajo en los países de origen, lo que afectará a seis países latinoamericanos.
El ejecutivo socialista prescindirá del recurso a la contratación en origen, que «se aproximará al punto cero» en 2009, anunció este miércoles en conferencia de prensa el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
La decisión de cortar el canal principal para acceder a un permiso de trabajo en España se toma después de varios meses de incremento del desempleo en España, que en agosto registró más de 2,5 millones de personas sin trabajo, de las cuales cerca de medio millón son extranjeras.
«No parece razonable que un mercado como el español, en el que tenemos 2,5 millones de personas desempleadas, sigamos recurriendo a la contratación en origen», alegó el ministro.
Añadió que «esas futuras 88.000 personas que se tenga que contratar en la economía española, deberán» buscarse entre «los 2,5 millones de desempleados que hay en España».
Corbacho precisó que sí se seguirá contratando a trabajadores especializados y se mantendrán «los convenios internacionales que tenga suscritos España en el extranjero», aunque sin precisar cuáles.
Entre enero y julio de este año, 88.180 extranjeros fueron contratados de esta forma, frente a 200.000 en 2007 y 180.000 personas en 2006, según datos de la secretaría de Estado de Inmigración.
España tiene acuerdos para la contratación en origen con Colombia, Ecuador, República Dominicana y con cinco países africanos y europeos (Marruecos, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Mauritania).
También ha firmado acuerdos para poner en marcha proyectos piloto de contratación en origen con El Salvador, Honduras y Argentina, además de con Senegal y Filipinas.
Los contratos en origen era la bandera que defendía el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a comienzos de año dentro de su política de favorecer la inmigración «legal y ordenada» y desincentivar las entradas ilegales.
En los últimos años, el gobierno español firmó acuerdos con varios países para contratar en origen basándose en la demanda de trabajadores que hacían las empresas, debido al fuerte crecimiento que experimentó la economía española, que aumentó durante los últimos cuatro años.
Pero la crisis económica, que empezó a notarse a finales de 2007, obliga a las autoridades españolas a dar prioridad a sus nacionales que se quedan sin empleo.
La crisis no sólo afecta al desempleo, sino también al buen nivel de crecimiento, que en 2007 fue del 3,7% y cayó al 1,8% en el segundo trimestre, y a la inflación, que subió en torno del 5%, y ha golpeado sobre todo al sector de la construcción de viviendas, que creció espectacularmente en la última década.
En agosto, los desempleados ascendieron a 2.530.001, es decir, el 10,5% de la población activa. El aumento es de más de medio millón de personas sin trabajo que en el segundo trimestre de 2007, cuando los desempleados eran 1,76 millones.
La desaceleración afecta más a los inmigrantes: en el segundo trimestre de 2008, la tasa de desempleo fue del 9,34% para los españoles frente al 16,46% de los extranjeros.
La desaceleración ya obligó a Zapatero a anunciar, nada más empezar su segundo mandato, que su gobierno tomaría medidas para incentivar el retorno voluntario de los trabajadores extranjeros que se queden sin trabajo.
Se trata del cobro en dos veces del subsidio mensual de desempleo –primero el 40% y el 60% cuando regresen a sus países–, además de la obtención de microcréditos en España.
Unos 100.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos, podrían acogerse al plan, que está a la espera de aprobarse.
De los 46,06 millones de habitantes que tiene España, 5,22 millones, es decir, el 11,3%, son extranjeros, frente a 4,5 millones (10%) contabilizados en 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).