España pregunta por niños robados en la Guerra Civil


Niños que formaron parte de la Guerra Civil española, denominados Pelayos, escapaban de sus casas o eran raptados para participar en las tropas. FOTO LA HORA: ARCHIVO

Entre las discretas conmemoraciones del septuagésimo aniversario del final de la Guerra Civil, España se pregunta por la suerte de miles de niños sustraí­dos a sus madres, presas republicanas en los años 40, que pasaron a tutela del régimen franquista.


Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, se puso manos a la obra a finales de 2008 para investigar esas «sustracciones sistemáticas de niños de presas republicanas», hechos «verdaderamente graves y que durante más de 60 años no han sido objeto de la más mí­nima investigación», afirmó.

«Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó», añadió.

El conocido juez sostuvo además que «podrí­a haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que décadas después ocurrirí­a en Argentina entre los años 1976 y 1983».

Pero el juez Garzón no pudo ir más allá en sus investigaciones, ya que se vio obligado a abandonar el caso por «extinción de las responsabilidades penales» debido a la muerte del dictador Francisco Franco y otros responsables.

«Hay un intento por parte del régimen, auspiciado y estimulado por la Iglesia católica, de arrancar a los niños, niñas fundamentalmente, de las madres rojas y purificarlas y convertirlas», algo en lo que la Iglesia «tiene un papel fundamental», confirmó a la AFP Julián Casanova, profesor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

Los registros oficiales hablan de hasta 30.000 niños que pasaron bajo tutela franquista entre los años 40 y 50, esencialmente acogidos por instituciones religiosas, según el investigador.

«No todas estas personas tuteladas son robadas, pero sí­ en algunos casos. Además se les secuestra ilegalmente, se les adopta ilegalmente, se les quita la identidad y se les da a otras familias. En este sentido, España es un ejemplo pionero de lo que pasó luego en Argentina» en los años 70 y 80, añadió.

Julia Manzanal, comunista madrileña de 94 años, pasó cinco años y medio en cárceles superpobladas al final de la Guerra Civil. Vio morir de una meningitis a su hija de 10 meses que habí­a logrado mantener junto a ella.

«Hubo una época en que hubo mucha gente solicitando niños, gente que no tení­a niños. Mi niña era muy pequeña y no me la pudieron exigir», relató.

Antonia Radas, de 70 años, conoció su verdadera identidad a los 54 años, tras un reencuentro «muy emotivo» con su madre, Carmen, ex presa republicana, gracias a un programa de televisión de búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen le contó la historia que sus padres adoptivos le habí­an ocultado siempre. «Mi madre me llevó con ella a la cárcel de las islas Canarias, para no perderme. Cuando iba a cumplir 3 años me entregó a una compañera que salí­a de prisión», explicó Antonia.

¿Por qué hizo eso su madre? Porque habí­a «oí­do decir que los niños de más de 3 años eran retirados a sus madres y dados en adopción», dijo Antonia, algo que parece corroborar la existencia de una orden oficial del gobierno de Franco a la que se refiere el juez Garzón.

«Olvidar esta realidad» serí­a «contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional», advirtió Garzón.