Entre las discretas conmemoraciones del septuagésimo aniversario del final de la Guerra Civil, España se pregunta por la suerte de miles de niños sustraídos a sus madres, presas republicanas en los años 40, que pasaron a tutela del régimen franquista.
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, se puso manos a la obra a finales de 2008 para investigar esas «sustracciones sistemáticas de niños de presas republicanas», hechos «verdaderamente graves y que durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación», afirmó.
«Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó», añadió.
El conocido juez sostuvo además que «podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que décadas después ocurriría en Argentina entre los años 1976 y 1983».
Pero el juez Garzón no pudo ir más allá en sus investigaciones, ya que se vio obligado a abandonar el caso por «extinción de las responsabilidades penales» debido a la muerte del dictador Francisco Franco y otros responsables.
«Hay un intento por parte del régimen, auspiciado y estimulado por la Iglesia católica, de arrancar a los niños, niñas fundamentalmente, de las madres rojas y purificarlas y convertirlas», algo en lo que la Iglesia «tiene un papel fundamental», confirmó a la AFP Julián Casanova, profesor de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
Los registros oficiales hablan de hasta 30.000 niños que pasaron bajo tutela franquista entre los años 40 y 50, esencialmente acogidos por instituciones religiosas, según el investigador.
«No todas estas personas tuteladas son robadas, pero sí en algunos casos. Además se les secuestra ilegalmente, se les adopta ilegalmente, se les quita la identidad y se les da a otras familias. En este sentido, España es un ejemplo pionero de lo que pasó luego en Argentina» en los años 70 y 80, añadió.
Julia Manzanal, comunista madrileña de 94 años, pasó cinco años y medio en cárceles superpobladas al final de la Guerra Civil. Vio morir de una meningitis a su hija de 10 meses que había logrado mantener junto a ella.
«Hubo una época en que hubo mucha gente solicitando niños, gente que no tenía niños. Mi niña era muy pequeña y no me la pudieron exigir», relató.
Antonia Radas, de 70 años, conoció su verdadera identidad a los 54 años, tras un reencuentro «muy emotivo» con su madre, Carmen, ex presa republicana, gracias a un programa de televisión de búsqueda de personas desaparecidas.
Carmen le contó la historia que sus padres adoptivos le habían ocultado siempre. «Mi madre me llevó con ella a la cárcel de las islas Canarias, para no perderme. Cuando iba a cumplir 3 años me entregó a una compañera que salía de prisión», explicó Antonia.
¿Por qué hizo eso su madre? Porque había «oído decir que los niños de más de 3 años eran retirados a sus madres y dados en adopción», dijo Antonia, algo que parece corroborar la existencia de una orden oficial del gobierno de Franco a la que se refiere el juez Garzón.
«Olvidar esta realidad» sería «contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional», advirtió Garzón.