Coches de lujo, comisiones por mercados públicos o jugosas operaciones inmobiliarias: España descubre un día tras otro al ritmo de los escándalos políticos la extensión de la corrupción que la corroe tras una orgía de 15 años de especulación inmobiliaria sin freno.
Y ello, a riesgo de alimentar en el seno de una población duramente afectada por la crisis y un desempleo récord en Europa el dicho populista del «todos corruptos».
Casi no pasa una semana sin que un municipio o unos políticos regionales se vean salpicados por un nuevo caso con origen en la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008.
Hasta tal punto que la clase política y los partidos han subido hasta el cuarto puesto de las preocupaciones de los españoles, por detrás del desempleo, pero por delante del «terrorismo de ETA», según una encuesta publicada el lunes.
Los conservadores del Partido Popular (PP), inmersos desde hace meses en el denominado caso «Gí¼rtel», están en primera línea.
Pero un nuevo caso surgido la pasada semana en Cataluña (noreste) que implicó a un político socialista y a ex dirigentes nacionalistas, ha recordado que ningún partido está libre de culpa.
«Después de la borrachera de la especulación, vivimos la resaca de la corrupción», resumió el dirigente ecolo-comunista Gaspar Llamazares.
En la derecha, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, hizo la misma constatación el martes: «Estamos asistiendo a la consecuencia de la burbuja immobiliaria. La crisis económica es como la ola que se retira de la playa y deja en evidencia las colillas tiradas» en la arena.
Basándose sólo en los casos en investigación o ya juzgados, el rotativo El Mundo evaluó en 4.100 millones de euros (6.048 millones de dólares) el dinero desfalcado por la corrupción en los últimos diez años, el equivalente al coste de «50 hospitales de última generación».
Algunos policías consideran que la corrupción ha generado más dinero que el tráfico de droga, que es también un negocio próspero en España.
La mayor parte de los casos tienen que ver con la recalificación por parte de ayuntamientos de terrenos no urbanizables en zonas construibles, previa comisión pagada por los empresarios que, de paso, se llevan importantes plusvalías.
Algunos empresarios «se han convertido en multimillonarios sin levantar un dedo, gracias a una decisión administrativa», comentó González Pons.
Y muchos políticos se han enriquecido milagrosamente: chalés, coches de lujo, obras de arte, caballos de carrera, como reveló en 2006 el enorme escándalo de corrupción en la localidad costera de Marbella, paraíso de la jet-set y de las mafias en la costa andaluza.
«Muchos políticos han perdido la vergí¼enza, ya te piden ellos mismos la pasta (dinero, ndlr), sin mediadores. Desde 100 mil euros (147.540 dólares) hasta 10 millones (14,7 millones de dólares) si está en juego una recalificación muy potente», dijo el domingo un empresario al diario ABC.
El grueso de la corrupción en España se concentra sobre todo en el litoral mediterráneo, en los archipiélagos balear y canario, y en la región de Madrid. Más de 300 personas, políticos o empresarios, serán juzgados el próximo año por corrupción o tráfico de influencia, según los medios.
Los partidos políticos, conscientes de los estragos causados en la opinión pública por estos casos, han prometido tratar la cuestión, considerando endurecer las penas de prisión u obligar a los políticos a publicar su patrimonio.
«O se pone coto de manera tajante, penal y política al fenómeno de la corrupción, o se nos irá por el sumidero el capital democrático logrado desde la transición» política del franquismo a la democracia, advertía el domingo el director de ABC en un editorial, apuntando el riesgo de un «enorme incremento de la abstención en las elecciones».