España quiere aprovechar su presidencia de la UE, inaugurada oficialmente este viernes, para promover un «gobierno» europeo en asuntos económicos con el objetivo de mejorar la coordinación de las políticas nacionales.
Al lanzar esta iniciativa potencialmente controvertida, ya que incluye la amenaza de sanciones financieras a los países rebeldes, España fija su voluntad de desempeñar plenamente su papel en los asuntos europeos, a pesar del nuevo reparto creado por el Tratado de Lisboa que deja la batuta, en principio, al presidente de la UE, el belga Herman Van Rompuy.
El gobierno español intentará debatir el tema en la próxima cumbre de líderes europeos, prevista el 11 de febrero en Bruselas y consagrada a los medios de relanzar el alicaído crecimiento en Europa, afirmó el jueves por la tarde el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en conferencia de prensa.
La Unión Europea debe entonces iniciar las discusiones sobre una nueva estrategia para los próximos diez años, destinada a reemplazar la llamada «de Lisboa», lanzada en el 2000 y que buscaba hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva en el mundo en el 2010.
El objetivo no fue alcanzado porque se trataba esencialmente de un catálogo de buenas intenciones sin obligaciones para los gobiernos.
España, que durante seis meses se hará cargo de la presidencia por turnos de la UE mantenida en algunos terrenos por el Tratado de Lisboa, intentará sacar lecciones de ese fracaso.
«Es absolutamente necesario tener una estrategia para el 2020 de nueva naturaleza, de una naturaleza apremiante», para hacerla «eficaz», declaró Rodríguez Zapatero.
Los objetivos que se fijarán los países europeos para mejorar su crecimiento «deberán incluir medidas iniciativas y medidas correctivas» si los Estados no siguen el paso, añadió Zapatero, citando particularmente el terreno de las nuevas tecnologías, con la liberalización del mercado numérico o el de la energía.
Su secretario de Estado de Asuntos europeos, Diego López Garrido, dio las primeras pistas. Una idea tenida en cuenta sería hacer beneficiar con mayores subvenciones europeas en algunos campos a los países que más cumplan, de modo de «estimularlos» y, por el contrario, castigar a los otros.
Esto podría significar que la UE tendría derecho a supervisar las opciones presupuestarias nacionales de los Estados, más allá del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ya pone límites a la deriva de los déficits públicos.
Se trataría al menos de «evitar decisiones presupuestarias que vayan en contra de la estrategia» común, sostuvo López Garrido.
España corre el riesgo de exponerse a reacciones virulentas de Gran Bretaña y de los Estados más liberales, remisos a todo tipo de intervencionismos de la UE en las opciones presupuestarias nacionales.
Alemania, a través de su ministerio de Finanzas, ya manifestó el viernes sus reservas a la propuesta española.
Pero la titular española de Finanzas, Elena Salgado, estimó el viernes que «la recesión cambió la posición de un cierto número de países», que son mucho más conscientes de la necesidad de una cooperación reforzada».
Francia milita desde hace años en favor de un «gobierno económico» al menos a nivel de la zona euro, a pesar de la fuerte oposición de Alemania que ve un peligro para la independencia del Banco Central Europeo (BCE) en materia de fijación de las tasas de interés.
Francia había innovado en la materia en el 2008, en la cima de la crisis financiera, al convocar por primera vez una cumbre de los dirigentes de los países de la zona euro. Rodríguez Zapatero dijo que quería tomar el testigo. «La idea siempre está sobre la mesa» y la experiencia «deberá» ser renovada, concluyó.