A pesar de las buenas intenciones con las que Rafael Espada dio a conocer su lucha por la transparencia y debido a la fiscalización que se hiciera a un programa vicepresidencial se supo de elementos corruptos dentro de la entidad, lo que sigue ahora es esperar que se realicen las denuncias respectivas.

Resulta paradójico que un secretario privado del vicegobernante fuera señalado de actos de corrupción, pues según el mismo Espada indicó hace casi un año a una agencia de investigación internacional «hoy en dí­a estamos tratando de tener un gabinete de primera, gente muy honrada».

Sin embargo, luego de que se anunciara un descuadre en las cuentas del Plan Trifinio, cuyo trabajo se realiza en coordinación con los vicemandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras y con el aporte de $160 mil mensuales por cada Nación, se dio a conocer que su ex secretario privado, Oscar Perdomo, así­ como otras cuatro personas hicieron mal uso de los fondos pues percibí­an un sueldo por su trabajo en la vicepresidencia y otro como representantes de Guatemala en el Plan, cosa que es ilegal.

Esto contrastando las declaraciones del vicegobernantes sobre que, «estamos tratando de establecer un sistema con gente joven que se interese en la polí­tica y comenzarla a preparar para que la carrera pública, la carrera polí­tica sea de honor, antes era de avergonzarse porque eran los haraganes, los ladrones, los tontos que entraban al gobierno, hoy en dí­a estamos tratando de tener un gabinete de primera, gente muy honrada». Opiniones muy diversas se han levantado en torno al tema, sin embargo para el analista Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, (CIIDH), resulta evidente que tanto los funcionarios públicos de alto nivel como los que se colocan a su alrededor deberí­an ser objeto de las auditorias de la Contralorí­a General de Cuentas para evitar estos hechos.

Además, para Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (ASIES), indica que en la Vicepresidencia ocurrió el hecho por abuso de confianza, pero además se demuestra que deben existir mecanismos de control que eviten los hechos de impunidad y por ende de abuso del poder.

«La transparencia es fundamental para evitar que se caiga en estas situaciones de abuso en el ejercicio de las funcione públicas y para que las personas que cometan dicho acto sean sometidas a proceso y paguen una multa o prisión además de reintegrar lo que se llevaron», dice Linares.

SIN PRESENTAR DENUNCIAS

Al ser consultado sobre las denuncias que deben ser puestas ante el Ministerio Público, (MP), para que se investigue y capture a los responsables, el vicegobernante ha indicado que espera tener toda la información que le proporcionará la Contralorí­a General de Cuentas para ello.

«No tengo toda la información, cuando la tengamos toda la llevamos al MP, serí­a tonto llevar un problema cuando hay 20 problemas más, vamos a hacer un estudio del Programa Trifinio y así­, en una forma inteligente, ordenada y legal se presentan las denuncias para que se tomen acciones», dijo a la prensa.

Además, el vicegobernante asegura que no desea señalar a alguien con algún delito mientras no cuente con las pruebas concretas, «que aún no tengo», dice.

Sin embargo, para el analista de CIIDH, está más que claro el hecho, por lo que argumenta que se deben iniciar las investigaciones de oficio, pues con las denuncias públicas que se han realizado a través de los medios de comunicación el MP bien podrí­a iniciar con las primeras investigaciones.

«No hay necesidad de que el Vicepresidente o el Contralor General de Cuentas interpongan una denuncia en el MP, ya de oficio y dadas las circunstancias deberí­an estar procediendo», asegura Santos.

También para Linares la evidencia con que ahora se cuenta es suficiente para presentar una denuncia ante el MP, «al momento de tener conocimiento el MP no va a establecer orden de captura pero sí­ se va a iniciar la investigación para llegar a los tribunales de justicia», dice el entrevistado.

LA REESTRUCTURACIí“N

En diciembre de 2009, antes de dar a conocer el problema del Plan Trifinio, se realizó una reestructuración en la Vicepresidencia a causa de la cual se despidió a í“scar Perdomo, al respecto, el vicegobernante ha indicado que «yo decidí­ que ya no necesitaba el trabajo del licenciado Perdomo, le pedí­ que ya no trabajara aquí­. Sencillamente fue una reestructuración y no necesariamente tení­a que buscarle otra posición, no tengo ningún compromiso con nadie, mi compromiso es con Guatemala».

Se dio a conocer además que las otras personas señaladas por la CGC con respecto a este doble sueldo fueron removidas antes del despido de Perdomo, «eso es lo que sé yo porque no trabajaban conmigo directamente, él los removió, (Perdomo), por cambios que siempre existen en los programas», aseguró Espada. Para evitar la corrupción los entrevistados dan su opinión sobre las medidas que se deben adoptar para frenar con situaciones similares a la ocurrida.

«Hay que sentar un precedente, indica Santos, pero no solo en términos administrativos con la devolución del dinero que esta persona adquirió fraudulentamente, sino que además deben existir sanciones de carácter penal a manera de erradicar la impunidad con la que tradicionalmente los funcionarios públicos actúan», indica el representante de la CIIDH.

Además se debe trabajar en el fortalecimiento del Programa de Personas Expuestas Polí­ticamente, (PEP), así­ como a la Contralorí­a General de Cuentas y utilizar el derecho que se ofrece a través de la Ley de Libre Acceso a la Información.

Por otro lado, el entrevistado señala una responsabilidad en cuanto a sentar un precedente sobre el MP, pues indica que este debe fortalecer la fiscalí­a sobre estos casos y con ello procurar que este tipo de hechos no se siga presentando en el paí­s.

Al respecto, Linares explica que se deben implementar mecanismos de control que permitan detectar situaciones anómalas, incluso en situaciones de abuso de confianza.

Dentro de estas acciones se debe contar con un reporte del gasto que se realiza en las entidades de Gobierno así­ como un sistema de control de gastos y el acceso a las revisiones que realiza la contralorí­a para determinar que las cifras presentadas por las entidades son verí­dicas y no simplemente se presentan para encubrir un hecho anómalo.

Además, Linares considera que es el vicemandatario quien debe apresurar las bases para que hechos como éste no vuelva a ocurrir, «el Vicepresidente deberí­a buscar que, de la manera más rápida posible se siente un precedente, y siga los procedimientos legales respectivos a manera que con eso él demuestre su inocencia con relación a este hecho».

EL PROGRAMA PEP

En marzo de 2009 el vicemandatario dio a conocer que gracias a la apertura del programa de Personas Expuestas Polí­ticamente se darí­a pie a «construir un Gobierno que mantenga credibilidad», tomando en cuenta que en base a esa confianza se podrí­an «hacer mejoras fiscales, mejoras productivas, podremos poner al paí­s en una lí­nea de más producción y en eso estamos trabajando muy arduamente».

Sobre este programa, que busca monitorear los movimientos bancarios de los funcionario públicos para determinar un posible enriquecimiento ilí­cito, el analista de CIIDH indica que se debe ampliar sobre el cí­rculo cercano al funcionario expuesto, «desde las asistencias, asesores, y todos aquellos que se encuentren cerca del miembro más conocido», dice.

Sin embargo, desde que se inició con dicho programa, algunos de los monitoreados argumentan una violación a su privacidad, al respecto Santos indica que esto no sucede en ningún sentido pues, «dados los niveles de corrupción en el paí­s es importante que aquellas personas que de manera voluntaria ejercieron el derecho de elegir y ser electos deben quedar expuestos a lo público».