Como una ley «arcaica» fue calificada la actual Ley de Minerí­a por el vicepresidente Rafael Espada, quien además señaló que las regalí­as que han dejado a Guatemala las empresas transnacionales son «ridí­culas».

Para el vicemandatario, la actual Ley que rige a las empresas de extracción minera no es funcional de acuerdo a las actividades «modernas» que se realizan. Además, asegura que el Gobierno no ha otorgado ninguna licencia, ya que están a la espera de que se apruebe una nueva ley.

«Estamos activando en el Congreso para que esa nueva ley pase lo más rápido posible, está todaví­a en proceso de ser presentada en el pleno y sin embargo, creo que esa es una parte de la solución a las peticiones a nivel de Derechos Humanos», dijo.

Además, el vicemandatario explicó que dentro de esa propuesta de ley se considera de manera importante la consulta popular, las regalí­as, la división y las ventajas y beneficio económico en la región en la que se ubicará la empresa.

REGALíAS RIDíCULAS

Espada indicó también que las ganancias que el paí­s obtiene con las regalí­as de estas actividades son «ridí­culas» en comparación con las ganancias que se generan por la actividad.

«Primero se debe establecer si debe haber minas, si es positivo se debe establecer que el beneficio económico para la población sea significativo, esa es la mayor deficiencia que hay actualmente, el beneficio del paí­s es ridí­culamente bajo, las regalí­as son ridí­culas para el paí­s, lo que esas compañí­as ganan son unas cantidades tremendas», aseguró el vicepresidente.

PROCESO

Además, el vicemandatario indicó que será entre 90 y 120 dí­as que se realice el proceso para el cierre temporal de la mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y que se realizará en cumplimiento de una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH).

Este periodo de tiempo se debe, según Espada, a que existe un proceso interno que debe cumplirse para el cierre de la mina; como primer paso, asegura, se debe enviar la notificación de la suspensión al Ministerio de Energí­a y Minas, luego hacer el proceso de notificación a las empresas y los trabajadores y otorgar la compensación por su trabajo.

Además, por ley, la empresa debe defenderse y dar su postura sobre dicha decisión, y de no encontrarse una causa para poner fin a estas actividades se debe consultar con la CIDH para reevaluar la orden girada.

Una visita de técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitirá evaluar la situación en que viven los pobladores de San Miguel Ixtahuacán y con ello corroborar si continúa en pie la suspensión de la mina.