La mujer indígena continúa siendo víctima de maltrato intrafamiliar, violación y otra serie de atropellos, ante lo cual la Defensoría de la Mujer Indígena busca obtener su propio espacio y presupuesto para continuar su trabajo, principalmente en el interior del país donde sucede la mayoría de estos hechos.
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Así lo expresó la encargada de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh), María Teresa Zapeta Mendoza, al considerar que la labor de su despacho debe de recibir el apoyo e importancia necesarios ya que, a la fecha, carece del personal adecuado para atender la demanda de acceso a la justicia.
En el interior del país, principalmente en el área occidental, muchas mujeres no cuentan con la facilidad de ser atendidas en los juzgados y fiscalías del Ministerio Público cuando acuden a realizar denuncias por maltrato de los esposos o acoso de sus jefes pues no se tiene el personal que interprete su lenguaje y, por esta razón, sus denuncias son engavetadas, agregó Zapeta.
Esto es considerado como una falla en el sistema de justicia, pues las leyes vigentes en esa materia establecen que estas instituciones deben de contar con traductores indígenas para darle el trámite respectivo a sus demandas y que estas continúen su curso normal, lo cual no sucede en la actualidad, al no estar preparadas para atender a una población con diversidad cultural y lingí¼istica, continuó.
Esta es la apreciación de María Teresa Zapeta, defensora de la Mujer Indígena, dependencia de (Copredeh), agregando que por esta razón la mujer indígena siempre ocupa un segundo plano dentro de la sociedad guatemalteca.
Principalmente en el área rural del país, la mujer es sometida a tratos inhumanos por parte de su pareja y no encuentra apoyo al momento de acudir ante las autoridades respectivas, estimándose que la Defensoría de la Mujer Indígena ha logrado documentar muchos casos para el efecto.
Durante el año 2,006 fueron atendidos más de mil 500 casos en todo el país ocupando el primer lugar la violencia intrafamiliar seguido de la violencia sexual, situación laboral y discriminación racial.
En el presente año han sido atendidos unos 250 casos, siendo el departamento de Alta Verapaz el que arroja el mayor número de denuncias, aunque no por ello es considerado el más violento, si no el que tiene mayor cobertura en atención a víctimas, seguido del Quiché, agregó.
En la actualidad son alrededor de 50 personas las que laboran en la Defensoría de la Mujer Indígena y se dividen el trabajo, tratando de brindar la mayor cobertura posible, por lo que Zapeta considera que les hace falta personal.
Entre sus obligaciones, esta oficina realiza labores de capacitar, defender, proteger y vigilar el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas partiendo de los Acuerdos de Paz, Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, además de dar respuesta a las demandas de justicia social, cultural, económica y política de las comunidades lingí¼ísticas de todo el país.