Milsa Martínez estuvo 14 años separada de sus padres, con quienes se reunió luego de un tormentoso cruce de la frontera. Para ella, la escuela secundaria, donde mejora su inglés y aprende asuntos cívicos y matemáticas, es un verdadero remanso de paz.
ARLINGTON / Agencia AP
Los niños y adolescentes que cruzan solos la frontera, como hizo Martínez hace dos años, encuentran en las escuelas de Estados Unidos una de las pocas instituciones estatales que les garantizan servicios, desde clases de ciencia hasta exámenes de la vista.
Mientras sus casos son tramitados por las autoridades de inmigración, la mayoría de estos menores son entregados a familiares o patrocinadores, a quienes se les dice que deben anotarlos en escuelas.
Zonas metropolitanas como Washington, Houston y Miami han registrado un incremento en la matriculación de estos estudiantes. «Son buenos chicos, pero constituyen un problema», afirmó Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias, organismo de investigaciones no partisano con sede en Washington.
El gobierno calcula que unos 90.000 menores podrían llegar a Estados Unidos para el nuevo año escolar, procedentes mayormente de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y que 145.000 podrían venir el año que viene. Generalmente vienen para reunirse con sus padres, a menudo escapándole a la violencia de las pandillas o a la extrema pobreza.
Con frecuencia exigen atenciones especiales en la escuela, como clases de inglés o ayuda terapéutica en instituciones que ya de por sí enfrentan dificultades por los recortes presupuestarios.
En Miami, la junta escolar decidió pedir ayuda al gobierno nacional luego de que el superintendente Alberto Carvalho dijo que 300 chicos extranjeros, muchos de ellos hondureños que estaban solos, se habían anotado al final del año escolar. Indicó que el distrito escolar tiene «la obligación moral y legal» de educar a estos niños, algunos de los cuales son analfabetos tanto en inglés como en español. El costo es 1.950 dólares más por estudiante de lo que reciben del Estado, señaló.
«Hay que alimentarlos, que vestirlos. Debemos atenderlos e instruirlos», dijo Carvalho.
El secretario de Educación Arne Duncan y el secretario de Justicia Eric Holder le recordaron en mayo a los distritos escolares que un fallo de la Corte Suprema de 1982 le da a los menores el derecho a matricularse en las escuelas sin importar su estatus migratorio.
Kristyn Peck, funcionaria de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos que lidia con programas para refugiados, atiende regularmente llamadas de funcionarios escolares que tratan de comprender mejor a esta población estudiantil.
«Tienen numerosos traumas», expresó Peck. «Para empezar, los traumas que los impulsaron a irse. Luego, la traumática experiencia del viaje y finalmente experiencias con la patrulla de fronteras que también pueden ser traumáticas. Son chicos especiales con muchas necesidades».
Patricia Chiancone, consejera escolar del condado Prince George, dice que a menudo escucha historias de experiencias duras, incluida la violación de menores durante el viaje a Estados Unidos, hermanos y padres que mueren como consecuencia de la violencia de las pandillas y de hermanos de zonas rurales de Guatemala que se van luego de que sus cosechas son destruidas.
«Vemos certificados de defunción y cartas de un ministro que dice que un menor se fue porque estaba siendo amenazado por todo esto», indicó Chiancone.
La escuela secundaria H-B Woodlawn de Arlington, donde cursa estudios Martínez, admite estudiantes de más de 20 años. En los dos últimos años ha registrado un incremento en la cantidad de alumnos que cruzaron la frontera solos. El profesor Michael Coughlin dijo que muchos de ellos trabajan de noche en restaurantes o en la limpieza para pagar a los abogados de inmigración. Sabe asimismo de un caso en el que el menor debe devolverle a un pariente los miles de dólares que pagó para que lo trajesen ilegalmente al país.
La barrera idiomática resultó un duro obstáculo para Ronald Pojoy, quien vino de Guatemala en el 2007, cuando tenía 15 años, para reunirse con su madre.
«Por momentos tuve deseos de abandonarlo todo porque me costaba mucho aprender el idioma», comentó. «Fue difícil porque tuve que trabajar y estudiar. Estaba muy cansado».
Pojoy, quien hoy tiene 21 años, recibió el mes pasado su diploma de la secundaria en la Liberty High School de Houston. La escuela tiene una gran cantidad de inmigrantes y ofrece información sobre asuntos legales y otros servicios comunitarios.
«Tenemos que hacerle saber a los estudiantes que lo que hacen es muy importante. Y hay que demostrarles también que pueden salir adelante», dijo Eddison James, profesor de matemáticas.
Martínez, quien hoy tiene 20 años, dijo que tenía 18 cuando sus padres enviaron por ella tras la muerte de su abuela. Estaba aterrorizada de hacer el cruce con dos coyotes y otras 30 personas, incluidos menores de ocho y nueve años. Recordó que en determinado momento los coyotes dejaron atrás a una mujer que tenía juanetes y no podía caminar a la par de los demás.
Señaló que fue tratada como una menor porque tenía un aspecto muy juvenil.
Hoy trabaja en un hospital por la noche, sacando la basura. Sueña con ir a la universidad, pero teme ser deportada a pesar de que se le dijo que su caso había sido archivado.
El futuro de estos menores y adolescentes no está claro.
Una ley garantiza audiencias con los jueces de inmigración para las personas que no son oriundas de países limítrofes de Estados Unidos. En la práctica, esto implica que pueden permanecer años en el país porque estos trámites toman mucho tiempo.
Es previsible asimismo que a algunos se les permita quedarse por razones humanitarias.
La enorme cantidad de niños centroamericanos que viajan no acompañados y sin documentos a Estados Unidos es una crisis humanitaria de grandes repercusiones que sorprende al mundo, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Indicó que el 29% de los viajeros son de Honduras, el 23 % de México y el 24% de Guatemala y El Salvador, cuyo 40% oscila en edades de 14 a 17 años.
«Es una crisis humanitaria urgente, donde los menores que participan en la misma deben recibir el debido proceso… y ningún ser humano debe ser considerado ilegal, por cuanto tiene derecho a movilizarse y a pedir asilo», afirmó Insulza en la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia –convocada por el gobierno hondureño.
Según autoridades estadounidenses, 57.000 menores ingresaron a desacompañados y sin autorización desde octubre de 2013.
Una investigación de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó que las causas de la masiva aventura son diferentes porque los niños de Guatemala lo hacen agobiados por la extrema pobreza, mientras que los de El Salvador y Honduras por proceder de lugares violentos y peligrosos controlados por criminales y pandilleros.
Ante la tendencia a considerar el fenómeno como una amenaza a la seguridad de las cinco naciones involucradas en el asunto, Insulza aseguró que «ninguno de estos niños puede convertirse en una amenaza, no son una amenaza».
Insulza exhortó a los gobiernos de la región a impulsar leyes modernas para enfrentar la situación.
El presidente Juan Orlando Hernández dijo en la reunión que «por cada nueve niños no acompañados que hacen el peligroso viaje hacia Estados Unidos, siete salen de las zonas hondureñas con mayor violencia, donde hay mayor tránsito de droga… y eso prueba el incremento en el flujo de la migración en números jamás antes vistos».
Sostuvo que «se trata de un fenómeno demasiado grande, que es imposible enfrentar de manera individual. Hay que enfrentarlo de manera conjunta porque se requiere derrotar al crimen organizado, reducir los niveles de corrupción estatal y disminuir las desigualdades sociales en nuestros países».
En un esfuerzo por ofrecer respuestas al drama de los hondureños deportados y lograr su reinserción laboral y social, el mandatario anunció programas para generar empleos y crear pequeñas empresas para ellos.
Washington deportó el lunes de El Paso, Texas, a cerca de tres decenas de menores hondureños, algunos con sus padres, y lo mismo hizo ayer con el segundo grupo.
En la víspera, Honduras intensificó la vigilancia en su frontera oeste con Guatemala para controlar la salida de emigrantes indocumentados.
«El objetivo es identificar, capturar y encarcelar a los que están llevando personas de manera irregular a Estados Unidos», dijo a The Associated Press la fiscal de la Niñez, Nora Urbina.
Desde el 20 de junio las autoridades han detenido a nueve traficantes de personas, conocidos como coyotes, y a 103 niños al intentar ingresar a Guatemala.
La inmigración se ha convertido en el asunto que más preocupa a los estadounidenses, coincidiendo con la crisis migratoria en la frontera, según un sondeo de opinión divulgado hoy por la firma Gallup.
Uno de cada seis estadounidenses (17 por ciento) cita la inmigración como su preocupación primordial, comparado con el 5 por ciento en junio.
Este alza significativa de la inmigración en la lista de lo que más preocupa a los estadounidenses coincide con la crisis humanitaria provocada por la llegada en los últimos ocho meses de 57.000 niños indocumentados no acompañados, procedentes principalmente de Centroamérica.
La inmigración no preocupaba tanto a los estadounidenses desde 2006, cuando el Congreso se encontraba en pleno debate sobre la reforma migratoria durante el gobierno de George W. Bush, precisa Gallup.
Por afiliación política, los republicanos (25 por ciento) se muestran más preocupados por la inmigración que los demócratas (11 por ciento). Este asunto también preocupa más a los estadounidenses mayores que a los jóvenes.
Los encuestados se muestran, sin embargo, divididos a la hora de responder qué partido político sería capaz de resolver mejor el tema de la inmigración. El 35 por ciento cree que el partido republicano y la misma cifra considera que el partido demócrata lo haría mejor.
Los estadounidenses también se muestran insatisfechos con el gobierno, el Congreso y los políticos (16 por ciento). Y están preocupados por la marcha de la economía (15 por ciento) y por el desempleo (14 por ciento), a pesar de que actualmente el índice de desempleo se situó en junio en el 6,1 por ciento, la cifra más baja desde septiembre de 2008.
Gallup advierte que el hecho de que la inmigración se haya convertido en el asunto que más preocupa a los estadounidenses podría tener un efecto en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renueva la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien escaños del Senado.
«Aunque la cifra del 17 por ciento de estadounidenses que cita la inmigración como el principal problema no es muy alto en números absolutos, el hecho de que este asunto preocupe a los republicanos y los estadounidenses mayores -ambos grupos que los republicanos necesitan que salgan en masa a votar- puede ser crucial en el resultado» de los comicios, señala Gallup en un comunicado.
Para realizar esta encuesta, Gallup entrevistó a 1.013 estadounidenses en todo el país entre el 7 y el 19 de julio.
La mitad de los niños indocumentados que acuden a una audiencia de inmigración en Estados Unidos no tienen un abogado que les represente ante el juez, según datos difundidos por la universidad de Siracusa.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza un defensor de oficio, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizada la asistencia legal de un abogado, independientemente de la edad del inmigrante indocumentado.
En el 48 por ciento de los casos, los niños indocumentados se presentan sin abogado ante un juez de inmigración, que deberá determinar si son deportados o no a sus países de origen, según datos difundidos hoy por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa.
Tener o no tener abogado, sin embargo, puede ser clave a la hora de que estos niños puedan quedarse en Estados Unidos o sean deportados a sus países de origen.
No todos los niños que logran un abogado podrán quedarse en Estados Unidos, pero al menos con un abogado tendrán más posibilidades a la hora de argumentar su caso ante un juez de inmigración.
En el 47 por ciento de los casos de niños que tenían abogado, el juez permitió que se quedaran a vivir en Estados Unidos, el 28 por ciento fueron deportados y el 28 por ciento optaron por una salida voluntaria del país, según el informe de la Universidad de Siracusa.
En el caso de los niños indocumentados que no tenían abogado, sólo el 10 por ciento logró quedarse, el 77 por ciento fueron deportados y el 13 por ciento optaron una salida voluntaria, precisa el informe.
Los niños indocumentados tienen varias opciones para quedarse en Estados Unidos: solicitar asilo en caso de que teman ser perseguidos si regresan a sus países de origen, solicitar el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) si han sido abandonados o abusados por sus padres, solicitar un visado U si han sido víctimas de un crimen grave o solicitar un visado T si han sido víctimas del tráfico de Estados Unidos.
El juez es el que determina finalmente si los menores cumplen los requisitos para optar a alguno de estos alivios migratorios.