Una unidad de escuchas telefónicas, creada en Guatemala hace nueve meses, desempeñó un papel clave en las investigaciones que condujeron al esclarecimiento del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien planeó su propia muerte y culpó de ella al presidente ílvaro Colom.
Esta unidad llevaba apenas tres semanas en operación cuando el crimen de Rosenberg, el 10 de mayo de 2009, desató una crisis política con protestas callejeras exigiendo la renuncia de Colom, luego de que se difundiera un video en que el abogado culpaba al Presidente de ordenar su muerte.
Este equipo dependiente de la Fiscalía, formado por 45 técnicos y peritos capacitados en Canadá y Puerto Rico, interceptó durante más de un mes las llamadas entre los sospechosos de matar a Rosenberg, hasta que finalmente fueron detenidos el 11 de septiembre pasado, reveló una fuente de la Fiscalía.
El cruce de miles de llamadas, incluidas las realizadas por el propio Rosenberg desde dos celulares que le había comprado su chofer y guardaespaldas, permitieron este mes a una comisión investigadora de la ONU y la Fiscalía llegar a la conclusión que el abogado había planificado su propio homicidio.
Mientras los integrantes de la banda hablaban entre sí y conspiraban para cometer otros delitos, sus conversaciones eran escuchadas por los investigadores de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad creada por Naciones Unidas y que dirige el jurista español Carlos Castresana.
Aunque el servicio de escuchas permitió aclarar la muerte de Rosenberg y liberar de responsabilidad a Colom en el crimen, no ha servido para contener la violencia, pues el año pasado hubo 6 mil homicidios en el país, una de las cifras más altas de Latinoamérica.
Las escuchas telefónicas fueron autorizadas por la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el Congreso en julio de 2007, y pueden ser utilizadas también en investigaciones por extorsiones, secuestros, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
En la investigación del crimen de Rosenberg, «14 teléfonos celulares fueron intervenidos con órdenes judiciales conseguidas por los investigadores», dijo una fuente allegada al caso, que pidió mantener el anonimato.
Según la acusación presentada por la Fiscalía contra los 11 presuntos autores materiales del crimen del abogado, entre los «mandados», «trabajos» o «encargos», como denominaban a sus acciones delictivas, figuran el secuestro de un coreano y el asesinato del alcalde de un poblado fronterizo con El Salvador.
También los preparativos para realizar varios robos, así como interceptar vehículos que transportaban droga.
Esta banda estaba compuesta por dos células que trabajaban coordinadas, pero en ocasiones realizaban fechorías por separado. Sus líderes eran el policía retirado William Santos Divas y el ex militar Edwin Idelmo López, según la acusación.
Como las autoridades impidieron algunos de estos golpes, comenzó a surgir desconfianza entre los integrantes de la banda, pues «sospechaban que alguien estaba suministrando información a la policía», dijo la fuente.
Explicó que Santos llamó a los demás y les advirtió que tiraran los teléfonos, pero ya era demasiado tarde, pues fueron capturados pocas horas después.