Las diferencias entre los mismos son: El grupo «A», integrado por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Gobernación no abordaron las inconstitucionalidades de la iniciativa de ley, sí­ abogaron por lo importante que es para ellos el recibir multimillonarios recursos que esta norma podrí­a dar. El representante de la CSJ planteó que el proceso fuera un juicio administrativo, no civil o penal, independiente de la culpabilidad del propietario de los bienes.

El ministro Carlos Menocal no abordó la iniciativa en absoluto, se dedicó a hacer las cuentas de la lechera: cuántos cientos de radiopatrullas podrí­a comprar, cuántos nuevos puestos de trabajo podrí­a crear y cuántos miles de armas podrí­a adquirir. Nadie duda que la seguridad requiera más dinero, pero debe obtenerse de impuestos justos y acciones lí­citas, he ahí­ la diferencia.

El grupo «B» lo integraron los expositores que hicieron uso de la palabra, pero en el fondo no aportaron. Un caballero habló sobre la inseguridad de sus padres, hijos y familia, emotivo pero fuera del tema. Acción Ciudadana marcó tarjeta, Manfredo Marroquí­n se preocupó que sus patrocinadores económicos notaran que estaba presente, repartió un folleto sobre audiencias públicas; de fondo nada.

El grupo «C», la mayorí­a no juristas, expresó considerar necesario que el Congreso aprobara la iniciativa como consecuencia de los tratados internacionales suscritos. Iduvina Hernández, sin fundamentarlo, señaló: «los argumentos de que se viola el debido proceso y la presunción de inocencia no tienen ningún sustento».

El grupo «D», donde fui expositor inicial, coincidió en numerosos aspectos. Anabella Morfí­n de Cedecon dijo: hay varias observaciones al articulado de la ley; una de ellas es sobre el derecho de defensa; el presidente del Colegio de Abogados, í“scar Cruz, señaló que el procedimiento debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa y la no retroactividad de la ley; adicionalmente, la iniciativa en sí­ no debe violar la Constitución. Adicionalmente, en este grupo hubo coincidencia con que el articulado de la iniciativa debe enmendarse, especí­ficamente el artí­culo 2 que debe citar expresamente los delitos que pueden ser sujetos de la aplicación de extinción de dominio y no referirlos a números de artí­culos de otras leyes, por cuanto los artí­culos por número pueden ser suprimidos o variar en su contenido. También se coincidió que la ley no debe prever beneficios económicos a favor de los delatores y no debe ser la Vicepresidencia de la República la que se involucre en la administración de los bienes que produzca la norma de Extinción de Dominio.

En sí­ntesis, el rechazo fue a las inconstitucionalidades que la iniciativa contiene y a los artí­culos inadecuados o imprecisos ya señalados.

Quedó previsto que al final de la siguiente semana, ya sea el jueves 28 o viernes 29 de octubre, se escucharí­a a Asazgua, Cacif, Cámara del Agro, Cámara de Industria, Procuradurí­a General de la Nación, Ministerio Público, al Movimiento Nacional y a la señora Silvia Moreno.

Continuará.