La falta de una atención bilingí¼e a la infancia y adolescencia, en el sector justicia; sin importar si son víctimas o en conflicto con la ley, ha hecho que se susciten casos como el de un niño de edad escolar, a quien un juez lo remitió al Centro de Atención Psiquiátrica, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, SBS.
Esto se debió a que el funcionario no entendiera el idioma maya del infante, quien creyó que el niño tenía alguna discapacidad mental. La Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, encontró al infante trece meses después, quien fue atendido en su idioma, conocieron el caso y buscaron una solución.
A criterio de Nidia Aguilar, de la Defensoría de la Niñez de la PDH, es necesaria y urgente una atención en la lengua materna de las y los niños, «se deben sumar esfuerzos principalmente en las regiones en donde la mayoría de la población es de origen indígena, y que por ende necesitan una atención en su respetivo idioma».
Legislación
En los casos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, el artículo 143 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LPINA, establece que «el adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado».
Asimismo, el artículo 116, de la misma legislación, que trata de las garantías de la niñez amenazada de sus derechos humanos, establece que el o la infante debe «ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicte el juzgado, debiendo en su caso estar presente un intérprete».
Sin atención
Carlos Menchú, consultor del Proyecto de Justicia Juvenil del Organismo Judicial, OJ, indica que actualmente solo en los Juzgados de Cobán en Alta Verapaz, así como en Quetzaltenango hay una atención fija en los idiomas que se hablan en cada una de las regiones. Sin embargo, el resto de tribunales, que suman siete en total, no hay establecida una atención inmediata, «se deben buscar traductores, lo que prolonga que los casos sean resueltos con más rapidez y eficacia», señala Menchú.
No obstante, la capacidad con la que se cuenta en los juzgados aún no permite cumplir a cabalidad estos puntos legislativos. De acuerdo con Carlos Menchú, esto puede traer consecuencias desfavorables para las y los infantes, especialmente en los casos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, donde los jueces ordenan en muchos casos mantener aislado al joven, hasta que se presente un intérprete. Además, se pueden separar a los padres de sus hijos.
«Lo más lamentable, es que los jueces no conozcan el contexto sociocultural del adolescente o infante, por lo que se trabaja en la sensibilización de los mismos, para que no sean ellos quienes continúen vulnerando los derechos de la niñez», argumentó el funcionario.
Población indígena principal afectada
Roxana Morales, magistrada presidenta de la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, afirma que la falta de acceso a la justicia bilingí¼e se caracteriza por: discriminación hacia los usuarios indígenas cuando acuden a los juzgados; trato en idioma distinto al materno, a pesar que la mayoría de quienes acuden a juzgados son de origen maya; jueces y otros empleados del juzgado ignoran las costumbres de los mayas.
Además, la distancia entre el lugar de residencia y la ubicación de los juzgados ocasiona gastos excesivos debido a que el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal, por lo general ubican sus sedes en las cabeceras departamentales; ocasionando gastos para los usuarios indígenas del sistema, que en muchos casos, no pueden sufragarlos por su condición económica. Asimismo, la situación de los menores mayas en conflicto con la ley penal se desarrolla en el sistema de menores en conflicto con la ley penal y el derecho indígena, agrega Morales.
Proyecto pendiente
Ante ello, el Organismo Judicial elaboró un proyecto para darle solución a estos problemas, «proyecto que se quedó como proyecto», asegura la funcionaria. Según la presidenta de la Sala, con esta propuesta se pretende:
* Aprobar una legislación nacional que permita el pleno reconocimiento de las autoridades, procedimientos y formas de resolver conflictos por parte de las comunidades indígenas.
* Articular mecanismos de coordinación entre jueces de menores y jueces de paz, para que estos últimos puedan apoyar la realización de procesos penales juveniles mediante diligencias judiciales que les sean encomendadas para agilizar su resolución.
* Continuar la capacitación de los jueces de paz y de menores para mejorar la aplicación de medidas sustitutivas.
* Instalar nuevos juzgados de menores.
* Proveer de intérpretes técnicamente capacitados a los jueces de paz y de menores, a efecto de que no se conculque el derecho a ser juzgado en su propio idioma.
* La fiscalía, la Defensa Pública Penal, la Secretaría de Bienestar Social y la Policía Nacional Civil, deberán asimismo, adoptar medidas tendentes a asegurar a los jóvenes indígenas la protección de sus derechos fundamentales, dentro de sus respectivas competencias.
* El Organismo Judicial debe no sólo proporcionar traductores calificados, sino que implementar el reconocimiento del peritaje cultural como medio probatorio y el derecho a abogado defensor bilingí¼e, entre otras cosas.
«Este es un proyecto que surge a partir de la gran deficiencia que hemos advertido en el tema. Hasta la fecha, el proyecto no es más que un proyecto», declara Morales. No obstante, se planificó una reunión con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, para retomar el tema, agrega la funcionaria. «El proyecto, entrará como complementación al nuevo modelo de gestión judicial para la niñez y adolescencia que recientemente aprobó la CSJ», concluyó la magistrada Morales.