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La Hora: Guatemala recién se recupera de una crisis económica que agravó los problemas socioeconómicos del paí­s. ¿Qué lectura hace de esta situación para el sector trabajador?

José Pinzón: La recuperación no favorece a las mayorí­as. Favorece a quienes han concentrado y consolidado el poder, sin lugar a dudas. Es meritoria una recuperación, pero hasta ahora no han beneficiado a la mayorí­a, esto porque en nuestro paí­s no han existido polí­ticas de Estado que beneficien a la población.

LH: Los conflictos entre empleados y empleadores son históricos, pero ¿cómo puede contribuir el sector sindical a la solución de estos problemas?

JP: Lo primero y más importante es que se debe reconocer y respetar la libertad sindical. En nuestro caso, hemos vivido un rosario de conflictos. Si al movimiento sindical se le reconoce como tal, la dirigencia con madurez polí­tica puede coadyuvar a que las polí­ticas gubernamentales -porque no hay de Estado- se apliquen para sacar al paí­s del estancamiento en que lo han sumido. Uno de los problemas es la falta de polí­ticas de Estado.

LH: La definición del salario mí­nimo es un tema de choque entre ambos grupos. ¿Qué proponen los trabajadores para alcanzar consensos y encontrar un punto de equilibrio con los empleadores? ¿Tienen la capacidad suficiente para alcanzar acuerdos?

JP: El problema de fondo es el conflicto de intereses. Nosotros partimos de un análisis de precios de la canasta básica alimenticia y vital. En ese marco, nosotros nos basamos para luchar por un salario digno y justo, que satisfaga las necesidades fundamentales de los trabajadores. Por otro lado, está el sector cuyos intereses están siempre en lo que enmarca la voracidad, es decir, el ganar del sacrificio de la clase trabajadora. Pensamos que puede haber acuerdos en el momento en que el sector empleador alcance un nivel de conciencia crí­tica y polí­tica, no sólo a favor de sus intereses, sino a favor de las mayorí­as.

LH: El Ministerio de Trabajo -el ente rector de la dinámica laboral en el paí­s-, deberí­a ser quien promueva la búsqueda de acuerdos. ¿Se ha cumplido con este objetivo?

JP: No se trata solamente de éste, los ministros de Trabajo nunca han cumplido con sus obligaciones. Aunque con éste llegamos al extremo. Pero aquí­ hay un elemento de fondo que responde a cómo se llega al poder polí­tico del paí­s. Los partidos polí­ticos son financiados por el poder económico, y por ende, los ministros están al servicio de quienes han financiado campañas. Por eso, no podemos tener un ministro autónomo e independiente, sino que están al servicio de los intereses polí­tico-partidistas de los gobiernos de turno.

LH: Considera que el Ejecutivo ha aplicado polí­ticas solidarias y socialdemócratas. ¿Cómo se han evidenciado?

JP: Ha sido una burla para la socialdemocracia el que este gobierno se autocalifique socialdemócrata, y lo digo con todo respeto. A los resultados hay que remitirse: lo que ha coadyuvado para que el gobierno utilice el apellido socialdemócrata han sido los programas que la esposa del Presidente ha venido implementando, pero que son sin lugar a dudas muy importantes, aunque se dan en el marco de la polí­tica de la limosna. Me refiero a la polí­tica de la limosna y eso significa que al terminar el perí­odo habrán sido cuatro años de implementar una gran polí­tica de dependencia, porque de esos programas, que podrí­an ser importantes, ni uno sólo de ellos ha coadyuvado a la sostenibilidad y por eso mañana, cuando este gobierno no esté, esos que han recibido la limosna, no podrán sostenerse y desarrollarse; después de este régimen va a haber más dependencia, es decir más y mejores limosneros. No estoy descalificando los programas sino estoy diciendo que debido a la forma en la que se han venido aplicando. Y desgraciadamente, este gobierno, autodenominado socialdemócrata, será responsable de tener una población con mayor conciencia ingenua y mágica, que estará pensando y esperando que otro actúe por él.

LH: La polí­tica de limosna, como usted la llama, ¿Tiene intereses de fondo?

JP: Sin lugar a dudas. Aquí­ entran otros ingredientes. El Tribunal Supremo es un fantoche, porque ha sido incapaz de poner en su lugar a los partidos polí­ticos, comenzando por el gobierno, que inició su campaña polí­tica desde que asumió el poder; eso es grave en el marco de la violación a los derechos fundamentales, a la igualdad. La campaña se ha ido profundizando y agudizando, pero lo peor es que están utilizando los recursos de las mayorí­as, porque no son del presidente ílvaro Colom y menos de Sandra Torres de Colom, que están utilizando nuestros impuestos. El Tribunal debió haber iniciado un proceso al respecto.

LH: ¿Qué lectura hace de la polí­tica financiera del gobierno?

JP: En materia de polí­tica fiscal debió haber polí­ticas de Estado, pero nunca las hubo. Nuestro paí­s, al no tener los recursos que deberí­a -porque no todos pagan sus impuestos- lo han venido hipotecando cada vez más, pidiendo préstamos y con recursos del exterior. Nuestro paí­s está hipotecado; todaví­a tiene márgenes para endeudarse, pero me parece una irresponsabilidad seguir endeudando al paí­s porque eso no lo van a pagar los gobernantes, sino el pueblo, nosotros, nuestros hijos y nietos. El paí­s requiere y exige cambios estructurales de fondo, mientras no los haya, el paí­s va a seguir en la calle de la amargura en todos los ámbitos y la polí­tica fiscal es uno de ellos.

LH: El gobierno propone una reforma fiscal, pero ¿la puede promover en el contexto actual?

Este gobierno ha perdido la autoridad moral, y por lo tanto, aunque es necesaria para nuestro paí­s, no creemos que haya las condiciones ahora para establecer una reforma fiscal integral. Se recrudece la campaña electoral y se va a profundizar, entonces todo tendrá color a proyectos y recursos económicos, y nada se va a hacer sin que cada partido pretenda sacar el mejor provecho de todo el proceso. ¿Quién paga los efectos y consecuencias? No lo paga el sistema de partidos polí­ticos ni el sector presidenciable, ni los ex presidenciables, sino las mayorí­as. Soy realista de cómo se observa la realidad, en la que siempre resulta perdedora la clase trabajadora.

De vuelta al tema laboral. Se habla de los excesos cometidos recurrentemente por el sector patronal, pero ¿qué pasa con los grupos sindicales que se aprovechan de su posición?, ¿también se dan abusos por parte del sector trabajador?

Tapar el sol con un dedo serí­a un crimen. Estamos conscientes de que no hay un sector social de nuestro paí­s que se salve de hechos de impunidad, corrupción y el oportunismo. El movimiento sindical no es ajeno a esos sucesos. Ha habido, hay y seguirá habiendo oportunismo. Si hay corrupción dentro del movimiento sindical; no se lava de los vicios y de la impunidad que afecta a la sociedad, pero no hay sector que se lave, ni siquiera el religioso.

Se percibe una seria ruptura en el sector sindical. Unos son incondicionales del gobierno -UASP-, otros son aliados coyunturales -magisterio nacional- y también los hay opositores -Frente Nacional de Lucha-. ¿Qué piensa al respecto?

En todos los gobiernos hay trabajadores que se venden al mejor postor. Por intereses hay problemas dentro del movimiento sindical. Esto es así­, desafortunadamente, y mientras algunos no sean coherentes con sus principios y valores en la práctica, continuará el conflicto de intereses a lo interno del sindicalismo. Hay dirigentes sindicales que le ponen precio a su dignidad, pero hay quienes no subastamos nuestra dignidad en un mercado.

Hablando de justicia. El sector sindical ha sido golpeado en varias ocasiones por la impunidad. ¿En qué situación se encuentran los ataques contra sindicalistas?

A la fecha han asesinado a no menos de 47 dirigentes sindicales, desde el 2007 a la fecha. Cuando llegó la CICIG vimos esperanza en el señor Castresana; lo anduvimos persiguiendo, pero no conseguimos nunca una audiencia. Con el señor Dall»Anese, esperamos poder acercarnos y hacerle ver que el movimiento sindical lleva la cruz a acuestas. Hasta hoy no tenemos información de cómo se ha avanzado en los casos y, como somos dirigentes sindicales, no creemos que vaya a haber una polí­tica distinta del Ejecutivo para apoyarnos.

Al renunciar, Carlos Castresana, titular de la CICIG, dijo que no contó con suficiente apoyo para cumplir con su mandato. ¿Cree que el Estado de Guatemala ha cumplido su papel en la lucha contra la impunidad?

Al final, no criticamos a la CICIG, de ninguna manera. La responsabilidad es del sistema, en donde impera la impunidad y la corrupción, en donde los poderes fácticos se imponen a cada momento. A la CICIG la valoramos, ya que ha demostrado que con voluntad se puede avanzar. Pero en el caso del movimiento sindical no ha habido voluntad del Estado guatemalteco para investigar.

El derecho laboral es tutelar por naturaleza, pero ello ha provocado que en ocasiones jueces emitan resoluciones a favor de sindicalistas, que no precisamente se apegan a derecho. ¿Esto resta credibilidad a la justicia laboral?

La justicia pronta y cumplida no existe. Puedo demostrar casos de compañeros sindicalistas desaparecidos desde hace 10 años y ahí­ la justicia brilla por su ausencia. En algunos casos se han ganado juicios y se ha emitido orden de juez competente para beneficiar a un trabajador, pero parece que no hay autoridad para cumplir. Estamos dentro de un sistema perverso. Habrá que buscar algunos casos donde jueces hayan fallado positivamente, pero en la generalidad son raras excepciones. No se trata del sector privado, también en lo público. En la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas no les pagan a los trabajadores desde hace meses.